Panamá: ¿Refugio de políticos perseguidos?

Nuestro país se ha convertido la puerta favorita que tocan los políticos extranjeros para refugiarse y en medio de los escándalos y problemas que arrastran estas figuras, en Panamá hay dudas en cuanto a la manera como son otorgados por nuestros mandatarios, en los últimos 20 años.

Conocedores del tema de los asilos políticos mantienen criterios encontrados. Algunos ven buenos ojos los asilos, por razones de derechos humanos, mientras que para otros, lo que está en duda es la forma como se ha procedido en determinados casos.

El sociólogo, Marcos Gandásegui, dijo que "los asilos políticos más sonados, en el período de la postdictadura, tienen un hilo conductor: Los beneficiados están envueltos en una estela de condenas, procesos judiciales en trámite, escándalos de peculado y hasta homicidios".

Lista de asilados

César Ruiloba, expresidente del Colegio de Abogados, detalla que en la lista de los asilados políticos de Panamá se encuentran: Jorge Serrano Elías, a quien se le acusa en Guatemala por delitos de corrupción y violación a la Constitución de esa nación. Raoul Cedrás, acusado por homicidio, malos tratos y detenciones ilegales.

En el pasado gobierno de Ricardo Martineli se otorgaron tres asilos que causaron revuelo. Entre ellos, el del dirigente estudiantil Nixon Moreno, opositor al gobierno venezolano presidido en ese momento por Hugo Chávez. El asilo otorgado en 2010 a la colombiana María del Pilar Hurtado, mejor conocida en su país como "La Pinchadora", quien es investigada por los delitos de peculado, apropiación ilícita, falsedad ideológica en documentos públicos, abuso en sus funciones públicas, violación ilícita de comunicaciones y concierto para delinquir.

Sin embargo, el caso de Hurtado dio un giro inesperado cuando el pasado 18 de junio la Corte Suprema de Justicia falló la inconstitucionalidad del asilo concedido. Desde entonces, se ha desencadenado una batalla legal entre su defensa y la parte demandante.

Ángel Álvarez sostiene que "las autoridades de Migración son cómplices de evitar que María del Pilar Hurtado tenga su residencia en Panamá. Tenemos información de que Hurtado acuda al proceso de regularización migratoria Crisol de Razas".

El otro asilo otorgado durante el gobierno de Martinelli, y que también ha sido cuestionado, es el del político, Tito Galo Lara. El exasambleista recibió asilo en Panamá en 2013, mientras que en Ecuador se le acusa de ser el autor intelectual de un triple homicidio ocurrido en 2011.

El caso de Tito Galo Lara también dio un giro cuando hace cuatro meses se le revocó el asilo en Panamá. Su abogado, Nelson Brandao remitió una solicitud de medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La carta fue respondida el pasado 11 de septiembre de 2014.

En la nota que lleva la firma de Elizabeth Abi-Mershed , secretaria ejecutiva adjunta de la CIDH, se le pide al Estado de Panamá que en un plazo de cinco días explique las circunstancias, normas y expresiones específicas que generaron la decisión de revocar el asilo territorial a favor del señor Tito Galo Lara. El gobierno panameño aún no da a conocer su respuesta.

Lara está detenido en la cárcel La Joya desde junio de 2014, después de que la Corte Suprema resolviera que debe permanecer en prisión preventiva hasta que la Cancillería decida sobre su extradición a Ecuador.

Y más allá de los cuestionamientos surgidos por los asilos políticos otorgados, en materia de legislación internacional, la figura es una ayuda que concede un Estado a una persona extranjera que es perseguida en su país por motivos políticos.

Es la manera, no lo legal

Edgar Spencer, internacionalista de Flacso, explica que para las autoridades locales, Panamá ha cumplido con las normas establecidas a la hora de conceder asilos.

Farah Urrutia, directora Asuntos Jurídicos de la Cancillería, añade que Panamá es suscriptor de la Convención sobre Asilo Territorial de Caracas; Venezuela, que en su Artículo Tercero establece: "Ningún país está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por delitos políticos".

Nuestro país también es firmante del Pacto de San José, en el cual los estados signatarios se comprometen a respetar los derechos civiles, económicos, políticos y sociales, consagrados en la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En su condición de tránsito y punto de encuentro de las culturas, Panamá es la tierra prometida para aquellos que anhelan comenzar una nueva vida. Sin embargo, el debate que se plantea es cómo se aplica la figura de asilados políticos y bajo qué parámetros.