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Ciudad de Panamá/El director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf), José Vicente Pachar, explicó que el congreso permitirá compartir experiencias sobre métodos de investigación, nuevas tecnologías forenses y la manera en que la ciencia puede contribuir a una justicia más eficaz.
"Es una oportunidad para analizar los retos que tenemos, no solo en Panamá, sino en toda la región", aseguró José Vicente Pachar.
Pachar reconoció que la situación de violencia en el país, especialmente en la ciudad de Colón donde se ha disparado la cifra de homicidios, ha presionado la capacidad de respuesta de los expertos.
"Un solo equipo de criminalística muchas veces tiene que atender varias escenas a la vez, con vehículos baleados, armas, lesionados y escenas secundarias, lo que desborda nuestra capacidad", dijo Pachar.
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En cuanto a la situación de las morgues, el director del Imelcf señaló que se ha logrado aliviar parcialmente el hacinamiento gracias a la coordinación con autoridades nacionales. Con apoyo del procurador y del alcalde Mayer Mizrachi, se habilitó un espacio en el cementerio de Utivé para sepultar cuerpos no reclamados. Sin embargo, advirtió que Panamá necesita con urgencia una morgue judicial moderna y equipada, que permita atender a familiares, autoridades y también servir como centro de docencia.
"Tenemos el proyecto y el terreno adjudicado, pero sin presupuesto de inversión no podemos avanzar más allá de la planificación", recalcó José Vicente Pachar.
Mañana inicia en Panamá el Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que reunirá a especialistas de 10 países de la región para debatir sobre los avances y desafíos en la investigación criminal y la justicia. El evento se desarrollará bajo el lema “Ciencia, mente y justicia” y busca fortalecer la cooperación entre profesionales frente al aumento de delitos complejos en América Latina.
El Congreso Internacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se perfila como un espacio clave para reforzar la cooperación científica y la capacidad institucional en la región, en un momento en que el crimen organizado, la violencia sectorizada y la complejidad de las escenas delictivas demandan mayor preparación y recursos técnicos.