La pesca ilegal amenaza la biodiversidad marina y la subsistencia de comunidades en Latinoamérica

Ciudad de Panamá/La pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha escalado a niveles alarmantes en América Latina y el resto del mundo, poniendo en grave riesgo los recursos marinos, la fauna oceánica y la sostenibilidad de las comunidades pesqueras. Este delito no solo amenaza el medio ambiente, sino que está íntimamente ligado a redes criminales transnacionales y locales, algunas de ellas con nexos con el narcotráfico.

“Hay una mafia pesquera local y mafias internacionales. Algunas veces, estas mafias vienen respaldadas por Estados que pretenden robarse todos nuestros recursos pesqueros, acabando con nuestras pesquerías y condenando a los pescadores artesanales a la pobreza. También hay tentáculos del narcotráfico que lavan dinero con actividades pesqueras. Esto pasa en Panamá y en todos los países de la región”, denunció Juan Carlos Navarro, ministro de Ambiente de Panamá.

Ante esta problemática, autoridades de varios países del Corredor Marino del Pacífico Tropical (CMAR), que incluye a Colombia, Costa Rica, Ecuador y Panamá, se reunieron recientemente para reforzar su cooperación en la lucha contra la pesca ilegal.

Durante el encuentro, se anunció que Panamá albergará la sede permanente de la Secretaría Ejecutiva del CMAR, desde el 1 de julio, consolidando así su papel como líder regional en la protección de los ecosistemas marinos.

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“Los gobiernos de los cuatro países decidieron establecer ahora una sede permanente para que la Secretaría que rige este corredor esté en Panamá”, informó Javier Urriola, secretario ejecutivo del CMAR.

Uno de los casos más graves denunciados ocurrió en la Cordillera de Coiba, al sur del Parque Nacional Isla de Coiba, una de las reservas marinas más importantes de la región. Allí, se sorprendió en flagrancia a más de una docena de embarcaciones realizando pesca ilegal, actualmente bajo proceso judicial.

La lucha contra este flagelo también cuenta con el respaldo internacional. Canadá, por ejemplo, anunció una inversión significativa para apoyar los esfuerzos regionales.

“Entendemos muy bien la importancia de proteger las áreas marinas. Estamos apoyando este proyecto con 5 millones de dólares a nivel regional para fortalecer la implementación de la legislación de protección marina en el Corredor del Pacífico Tropical”, señaló Patricia Atkinson, embajadora de Canadá en Panamá.

Las autoridades coinciden en que la participación ciudadana será clave en este esfuerzo. Denunciar la pesca ilegal, proteger las zonas marinas y promover métodos de pesca sostenibles puede marcar la diferencia en la conservación del océano y en la mejora de la calidad de vida de miles de pescadores que dependen de los recursos marinos para subsistir.

Con información de Yamy Rivas