Presencia del Estado en comunidades y cumplimiento de leyes, claves para evitar casos de abusos

Leonor Calderón, exministra de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, dijo que la responsabilidad de la protección de niños, niñas y adolescentes es un derecho ineludible e irrenunciable del Estado y aunque casos como el de la menor de 8 años embarazada ocurra con frecuencia en las comarcas no tiene nada que ver con la cultura, sino por la falta de la presencia del Estado en estos territorios.

Señaló que en el 2019 hubo 458 embarazos de niñas entre 10 y 19 años, por lo que, si la Ley se cumpliera, debería haber 458 procesos, porque es un delito claro, ya que, no hay manera de justificar un embarazo en estas edades porque la menor no tiene capacidad de decidir.

Comparó la situación con los casos de personas que llegan heridas de balas o de gravedad a los cuartos de urgencia donde se hace un protocolo, se llenan formularios y se inician investigaciones porque su cuerpo es evidencia, sin embargo, en caso de niñas víctimas de violación su cuerpo también es evidencia, pero no se llenan los formularios, y el personal de salud dice que no se quiere meter en problemas.

Para Calderón, en el primer momento en que se conoció el caso era enviarlo al Comité especial para que lo evaluara, porque la vida de la menor corre peligro, al igual que el futuro del bebé.

“Un embarazo no le quita a la criatura su condición de niña, ella fue abusada y violada y hay un hecho biológico aparentemente adulto que es el que ella atraviesa, pero sigue siendo una niña y sigue siendo un objeto de protección”, expresó.

Agregó que el hecho no es que la niña haya tenido una pubertad precoz, el hecho es que fue violada.

Indicó que el embarazo en adolescentes no solo afecta a la menor, sino a la sociedad, debido a que las menores con 8 o 9 años de educación que salen embarazadas y abandonan la escuela, y aproximadamente un 40% no retorna, aunque la Ley lo permita, el mismo sistema termina expulsándola, siendo esto una de las principales causas de la deserción escolar.

“La deserción escolar de niñas en Panamá aumentó al 46% vs un 29% de los varones, esto es muy muy grave”, aseveró.

Destacó que la sociedad tiene que mostrar su intolerancia total hacia esto, porque la niña nunca es la culpable.

Calderón reiteró que el Estado es el principal garante de los derechos de los niños incluso en contra de su familia, porque la realidad es que muchas veces en el seno familiar es donde los niños viven su propio infierno y es ahí donde el Estado debe intervenir, pero si el Estado no tiene cercanía con las comunidades es difícil que la intervención se dé a tiempo.

Sostuvo que hace falta que las instalaciones de salud denuncien los casos de violencia de género, que el Ministerio Público acuda a los centros de salud a ver cuántas niñas se atienden por embarazos y abrir las investigaciones de oficio, porque mientras haya impunidad, los abusadores seguirán pensando que pueden hacer unos de los niños y niñas, ya que no hay consecuencias.