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Presentan segunda demanda contra decreto que adjudica tierras en áreas protegidas

Medio ambiente

Corte Suprema de Jusitcia
Corte Suprema de Jusitcia
Errol Caballero - Corresponsal digital
25 de noviembre 2021 - 12:15

Ciudad de Panamá/En menos de 24 horas, la oposición al decreto ejecutivo 141, que reconoce los derechos posesorios anteriores a la creación de las áreas protegidas, se ha trasladado al ámbito legal. Ayer, un grupo de asociaciones ambientalistas presentó una demanda que solicita la nulidad de esta normativa, que fue emitida por el presidente Laurentino Cortizo y el ministro de ambiente, Milciades Concepción.

Precisamente, el mandatario también fue objeto de una denuncia criminal por este decreto. La misma fue presentada ante la Asamblea Nacional por la Asociación de Profesionales de Panamá (Fedap).

El decreto establece un procedimiento para otorgar certificados de acreditación de uso de suelo en áreas protegidas a “quienes demuestren su establecimiento dentro del lugar antes” de su creación, detalla el sitio web de MiAmbiente. Para ello los interesados deben presentar una solicitud ante la Autoridad Nacional de Administrar de Tierras (Anati), incluyendo planos del terreno y pruebas de la posesión del mismo, entre otros documentos.

Laurentino Cortizo, presidente de la República fue denunciado ante la Asamblea Nacional por este decreto.
Laurentino Cortizo, presidente de la República fue denunciado ante la Asamblea Nacional por este decreto. / TVN Noticias

A través de los referidos certificados el Ejecutivo permitiría la apropiación privada de las áreas protegidas, aun cuando dicha apropiación está prohibida por la Constitución y es un delito penado con 5 a 10 años de prisión”, advierte Joana Ábrego, gerente legal del Centro de Incidencia Ambiental, una de las organizaciones que presentaron la demanda ayer en la Corte Suprema de Justicia.

Los ambientalistas expresaron además su preocupación ante lo que califican como una cesión de parte de las competencias de MiAmbiente a Anati, así como la falta de un “proceso de consulta pública o alguna forma de participación ciudadana”.

Por su parte, Donaldo Souza, presidente de la Fedap, presentó una ampliación de una demanda interpuesta originalmente en julio pasado contra el presidente Cortizo por la creación de una comisión para negociar con Minera Panamá, incumpliendo el fallo del 21 de diciembre de 2017, a través del cual la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el contrato ley que le otorga a la subsidiaria de la multinacional canadiense First Quantum la concesión de yacimientos de oro y cobre en el distrito de Donoso, en Colón. “El Gobierno está negociando al margen de la ley y de los convenios internacionales, en la comisión minera”, señaló el también presidente de la Asociación de Derecho Ambiental.

Vista aérea de zonas protegidas en Panamá.
Vista aérea de zonas protegidas en Panamá. / Foto/MiAmbiente

En referencia a la ampliación de la demanda, Souza indicó que el decreto 141 no solo violenta el orden constitucional, al pretender que con una norma inferior se modifiquen las leyes que regulan las áreas protegidas, creando un “ficción jurídica aberrante”, sino que le va a permitir a Minera Panamá registrar tierras en el área protegida de Donoso.

La apropiación de tierras en Donoso a Minera Panamá ha sido expuesta en querellas presentadas previamente ante el Ministerio Público. “Podemos ver claramente como Minera Panamá ha desarrollado toda una serie de actos ilícitos y delictivos con el fin de apropiarse de terrenos nacionales que pertenecen a áreas protegidas y así ampliar su área minera” en una zona con yacimientos de minerales con un valor estimado en cientos de millones de dólares. Son terrenos que “no están bajo el régimen de la explotación para la concesión minera, se trata de áreas protegidas de manera que es totalmente ilícito otorgar a una empresa minera estas propiedades”, aduce la querella.

First Quantum Minerals Ltd. es una compañía con base en Canadá que se dedica a la producción de cobre, níquel, oro, plata, etc. Cuenta con operaciones mineras en Zambia, Finlandia, Turquía, España, Australia, Mauritania y Panamá, y entre sus accionistas ha tenido a empresas chinas y coreanas.

Meses atrás el Gobierno anunció la conformación de un equipo para negociar el contrato de concesión de Minera Panamá, conformado por ministros de estado, asesores y estudios jurídicos como Hogan Lovells, firma estadounidense-británica que actualmente representan a Luis Enrique Martinelli Linares en su proceso enfrenta en Nueva York.

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