Mulino minimiza retención de buques en China y apunta a 'revisiones de seguridad marítima'

Ciudad de Panamá/En la conferencia de este jueves 9 de abril, el presidente José Raúl Mulino se refirió a la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos.

Al ser consultado sobre esta situación, no detalló la cantidad de buques que se encuentran retenidos, pero indicó que la Autoridad Marítima de Panamá tenía la cifra.

Sin embargo, aseguró que "no tienen que ver con retaliaciones políticas", sino que "a lo mejor, ellos quieren intensificar la revisión de los buques desde el punto de vista de seguridad marítima".

Reconoció que se trata de una situación "inusual" y que, para conocer el fundamento de las detenciones, el director de Marina Mercante, Ramón Franco, y a su regreso al país, se podrá conocer a profundidad la situación de los buques.

El mandatario indicó que se trata de un proceso que no solo se realiza en puertos de China, y que busca garantizar que los buques cumplan con toda la normativa de seguridad marítima internacional.

"Estuve viendo cifras de los otros registros competidores y no están muy debajo de las nuestras", afirmó al referirse a otras regiones que están en situaciones similares.

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Mulino dejó claro que Panamá no busca confrontaciones internacionales, especialmente con China, pero advirtió que no permitirá que situaciones como estas se prolonguen indefinidamente. Enfatizó que el impacto de estas medidas trasciende al país y afecta el comercio global, considerando que gran parte de la carga marítima proviene del gigante asiático.

Tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan a lo infinito porque, más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial, que obviamente sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo. Y que en alguna medida perjudica también la carga china", señaló.

El mandatario detalló que, hasta donde tiene conocimiento, los buques retenidos no son propiedad de alguna empresa panameña, ya que todas son empresas de ranking mundial.

En ese sentido, expresó su expectativa de que la situación tienda a disminuir y retome la normalidad, tanto en el plano político como comercial. Indicó que su administración ha transmitido su preocupación a través de canales diplomáticos, aunque evitó adelantar acciones concretas.

Asimismo, manifestó confianza en que Panamá obtendrá un resultado favorable en los tribunales arbitrales de Nueva York, donde se ventila parte del conflicto.

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Por otro lado, también defendió la decisión adoptada por su gobierno tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional el contrato con Panama Ports Company, asegurando que el país ha actuado con apego a la Constitución y sin alinearse a intereses externos.

El mandatario enfatizó que la medida responde exclusivamente al cumplimiento del orden legal vigente.

“No nos hemos alineado con nadie… hemos cumplido con lo que por Constitución y ley teníamos que hacer”, afirmó, al reiterar que el contrato dejó de existir una vez se emitió el fallo judicial.

Mulino explicó que, durante la operación transitoria que sostendrá los puertos durante 18 meses, se permitirá estructurar un pliego de condiciones para garantizar una futura concesión bajo nuevos términos.

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Contexto

El pronunciamiento del presidente se da en un contexto de tensiones comerciales y legales tras el fallo que declaró inconstitucional el contrato entre el Estado y PPC, el cual quedó en firme el pasado 23 de febrero de 2026, pero fue anunciado el 29 de enero.

En una conferencia realizada el 26 de febrero, el mandatario fue consultado sobre cómo se preparaba el Estado ante posibles medidas de China y opinó que no iba a "pasar nada" y si pasaba "ya veremos".

"Lo cierto es que China necesita mucho a Panamá, mucho. Todo lo que esa gente produce pasa por el Canal de Panamá", expresó.

Posteriormente, el 3 de febrero de 2026, PPC informó sobre el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra la República de Panamá, invocando las cláusulas del "contrato de concesión" y las Reglas de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), reclamando más de 2 mil millones de dólares por los daños alegados.

El 4 de febrero, medios internacionales citaron declaraciones de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao de China, que calificó la decisión de la Corte Suprema de Justicia como “absurda, vergonzosa y patética”.

También advirtieron que Panamá pagaría un “alto precio” por la decisión judicial.

De acuerdo con medios internacionales, la retención de buques con bandera panameña en puertos chinos inició a principios de marzo.

Por esta situación, Panamá ha recibido el respaldo de Estados Unidos, Israel, Ucrania, Costa Rica, Honduras, Paraguay y Perú.

Tanto la Comisión Marítima Federal de los Estados Unidos (FMC por sus siglas en inglés) como el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, reaccionaron al respecto apoyando "con firmeza", y advirtiendo de posibles acciones.

Laura DiBella, comisionada de la FMC, sostuvo que “estas inspecciones intensificadas se llevaron a cabo bajo directivas informales y parecen tener como objetivo castigar a Panamá tras la transferencia de los activos portuarios de Hutchison”.

Estas declaraciones responden al hecho de que, según advierten, los buques con bandera panameña transportan una parte significativa del comercio de contenedores de Estados Unidos, lo que “podría tener importantes consecuencias comerciales y estratégicas para el transporte marítimo estadounidense”.

No obstante, el mandatario panameño restó importancia a la situación, indicando que no guardaba relación con represalías políticas.

Auditorías

En paralelo, el presidente se refirió a las auditorías anunciadas sobre las operaciones de Panama Ports, señalando que los primeros informes ya han sido entregados por la Contraloría General de la República. Indicó que estos procesos no responden directamente al Ejecutivo, sino a la Contraloría.

“El país y yo. Todos queremos saber”, expresó, al reconocer el interés público en los resultados. No obstante, evitó profundizar en detalles y sugirió que las consultas se dirijan directamente al contralor Anel Flores, que lidera las investigaciones.

Aun así, adelantó que lo observado hasta el momento genera inquietud. “Las que hemos visto pues son altamente preocupantes”, afirmó, al tiempo que explicó que estos hallazgos refuerzan acciones penales ya iniciadas de oficio por el Ministerio Público.

El mandatario aclaró que se maneja con cautela al referirse al tema debido al proceso de arbitraje internacional en curso, para evitar afectar la posición del país en instancias internacionales.

"Estamos en un proceso de arbitraje y no quiero excederme de mi opinión para que después no digan que dije lo que no dije allá en el tribunal", apuntó.