Propuesta para limitar tiempo de investigación del MP no es conveniente, según Ana Matilde Gómez
La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Santa María la Antigua (USMA). Ana Matilde Gómez, se refirió a la iniciativa que pretende limitar a seis meses el tiempo para las investigaciones preliminares del Ministerio Público (MP).
Según la abogada, la pretensión, que se presentó el pasado 8 de abril mediante participación ciudadana en la Asamblea Nacional (AN), puede ser legítima, ya que, desde que se hizo el esfuerzo de pasar del sistema mixto al Sistema Penal Acusatorio (SPA), se sabía que había cosas y una serie de normas que en el camino se tenían que ir ajustando.
Por ejemplo, en Panamá se decidió ir entrando escalonadamente al SPA, para que a partir de las experiencias de las áreas del país que tenían menor litigiosidad y menos conflictos fueron demostrando las fallas del sistema, pero los ajustes no se llegaron a hacer.
Los abogados que litigan tienen la incomodidad con la investigación preliminar que ahora en el SPA permite un amplio periodo de investigación mientras no se esté violando o se vayan a afectar garantías fundamentales o no haya una imputación.
Dijo que eso es una ventaja del sistema porque permite que en el MP, en casos de muy alto perfil o contra el crimen organizado se puedan hacer las investigaciones como el caso de la desarticulación de una banda cuya investigación demoró dos años.
La propuesta busca cambiar el artículo 271 que tiene que ver con el plazo de investigación preliminar y remite al 275 para que se archive la causa. Es decir que el MP tendría que presentar imputación o archivar provisionalmente, si en el tiempo propuesto que es de seis meses no se llega a identificar el delito. De acuerdo con Gómez, eso no es conveniente porque las formas delictivas han ido evolucionando y cada vez son más complicadas y el MP tampoco tiene la cantidad de recursos para poder acometer todo el volumen y desahogar el sistema.
Es un riesgo eliminar del todo la investigación preliminar, dijo Gómez y mejor se debería pensar en un catálogo de delitos en los que se pueda mejorar el tiempo que es indefinido, pero también se deben pensar en otras alternativas como en aquellos delitos en los que se puede decidir o no investigar.
La abogada recomienda desarrollar un debate amplio, ya que es necesario, porque hay una comunidad que se siente afectada, pero no se puede solo al arbitrio de diputados que pudieran no conocer la materia, como muchas veces pasa.
También dijo que se tiene que analizar la norma que permita que el MP priorice sus causas y a partir de esa jerarquía de perjuicios ir hacia la justicia restaurativa en algunos casos.
Según Gómez, hay otros artículos que analizar y se debe realizar una evaluación sistémica, pero si no se está listo para hacer esa revisión de una reforma integral del cambio que se dio, entonces no vale la pena echar para atrás en lo que se ha avanzado.
Extinción de dominio
Gómez asegura que Panamá está tarde en el tema. Explicó que en la Convención de Palermo se ha estado sugiriendo a los países miembros, implementarlo para poder perseguir delitos de “cuello blanco”.
En el sistema como está, si Panamá no tiene extinción de dominio, tiene que esperar el resultado del proceso penal para tomar decisión sobre los bienes mal habidos.
La idea de una jurisdicción paralela o de extinción de dominio es que los bienes que se sabe provienen de alguno del catálogo de los delitos precedentes o de manejos de dineros mal habidos, puedan ser tratados de una manera que no tiene nada que ver si la persona resulta culpable o no.