'Sentí que iba a morir': Demesio Cases tras ser sometido al cepo

'Sentí que iba a morir': Demesio Cases tras ser sometido al cepo
Demetrio Ábrego - Corresponsal en Chiriquí
30 de marzo 2017 - 20:16

El presidente del Congreso general Ngäbe Buglé, Demesio Cases, aseguró que fue torturado, violaron sus derechos humanos y fue privado de su libertad por más de 36 horas, cuando una turba de personas en Nole Duima, encabezada por el cacique local Francisco Miranda, lo metieron al “cepo” la semana pasada.

Cases, en una de sus primeras declaraciones públicas tras estos incidentes en la comarca, dijo que paso los perores momentos de su vida y que incluso sintió que iba a morir cuando llegando a las tres horas de castigo, las fuerzas se le acabaron y estuvo al punto del desmayo.

Este jueves el presidente del Congreso General Ngäbe Buglé, acompañado por cerca de una docena de personas, entre ellas la actual cacique suplente Mijita Andrade, anunció que interpondría una querella penal contra al menos unas 16 personas, entre ellas la cacique general Silvia Carrera y el cacique local de Nole Duima, Francisco Miranda.

Cases asegura que se violaron los elementales derechos humanos que tiene el ser humano y se le aplicó una tortura directa para hacerlo renunciar del cargo. “Aún hoy se me sigue amenazando con volver a meterme al “cepo”, sino hago lo que ellos, equivocadamente quieren”, aseguro Cases.

Los asesores legales de Cases, afirman que se infringieron normas del derecho internacional de derechos humanos, porque al someterlo al “cepo” se le torturo y se puso en riesgo su vida. “Se han configurado al menos unos cinco delitos, que serán objeto de escrutinio contra estas personas en el Ministerio Público”, dijo Harold Agustín, asesor legal del Congreso General Ngäbe Buglé.

“Las leyes comarcales no están por encima de la Constitución de la República de Panamá, ni de los convenios internacionales que protegen los derechos humanos y las libertades", afirmó Leo Hurtado, otro de los abogados del Congreso General Ngäbe Buglé.

Holat Lorenzo, asesor legal del Congreso, afirmó que el actual código de procedimiento penal no avala la figura del “cepo como castigo, porque no existe reglamentación, ni muchos menos esta ampara por el código indígena.

"No es una costumbre consuetudinaria que se dé en las regiones comarcales, como algunos han querido validar, por lo que es ilegal", dijo Lorenzo.

"Se trata de un acto inhumano, salvaje y de barbarie, que debe ser inamisible pasar por alto en la comarca Ngäbe Buglé, que es un territorio que forma parte de la República de Panamá y que está sujeto a la Constitución Política del país", indicó.

El presidente del Congreso aseguró que espera los resultados de las evaluaciones médicos legales que se les hizo, porque su salud, especialmente la de su pierna sigue comprometida.

Sobre el convenio con la empresa Chino-Israelí afirmó que “no hemos hecho nada ilegal o al margen de la ley”.

"Eso no es cierto, yo sólo le entregue una carta de intención a una empresa y consorcio que creó el cacique local Rogelio Moreno, para que se estudiara estas alternativas de inversión en la Comarca", dijo Cases.

Cases al igual que el alcalde de Nole Duima, Jeremías Atencio y el cacique local Rogelio Moreno, fueron llevados al “cepo” por un grupo de indígenas Ngäbe Bugle que los acusan de haber formado un acuerdo con una empresa Chino-Israelí, para la exploración y explotación de los recursos naturales en la Comarca Ngabe Bugle.

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