Ley 'Antibotellas' busca cambiar las 'multas irrisorias' por penas más duras, afirma la diputada Janine Prado

Ciudad de Panamá/La diputada Janine Prado, de la bancada de Vamos, confirmó que el proyecto de Ley 408, conocido como Ley Antibotella, avanzó en primer debate con apoyo unánime en la Comisión de Gobierno.

La iniciativa modifica el artículo 349 del Código Penal para establecer prisión no conmutable de 6 a 8 años contra servidores públicos que acepten nombramientos sin prestar el servicio correspondiente. Además, contempla un agravante de 8 a 10 años cuando la lesión patrimonial al Estado supere los 50 mil dólares anuales.

Prado explicó que la normativa no crea un nuevo tipo penal, sino que endurece sanciones actualmente limitadas a trabajo comunitario o multas irrisorias.

"Irónicamente, pagarías 10 multas hasta con la propia plata que estás percibiendo", señaló la diputada Prado. La diputada destacó que, desde la bancada de Vamos, buscan adicionar un artículo para sancionar también a quien realiza el nombramiento irregular.

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Transparencia presupuestaria y reformas pendientes

Respecto a la gestión interna del Órgano Legislativo, Prado denunció que, desde hace más de ocho meses, han solicitado sin éxito copias de las resoluciones que justifican traslados presupuestarios aprobados por la Comisión de Presupuestos.

Según la diputada, el presupuesto de la Asamblea Nacional cerró en más de 160 millones de dólares, frente a los 97 millones inicialmente proyectados en la ley, una diferencia de casi 60 millones que, a su juicio, carece de sustento documental accesible.

"Estamos entendiendo que existe un procedimiento completamente irregular, y yo me atrevería incluso a señalar que ilegal", afirmó. Ante la falta de respuesta, su bancada interpuso dos acciones de hábeas data ante la Corte Suprema de Justicia para exigir la información.

De cara al nuevo periodo legislativo que inicia el 1 de julio, Prado adelantó que su bancada seguirá impulsando iniciativas para fortalecer la lucha contra la corrupción. Mencionó un proyecto anticorrupción estancado en la Comisión de Gobierno y una reforma a la Ley de Acodeco para dotar de mayores herramientas a la institución en materia de protección al consumidor, especialmente en el sector inmobiliario. Asimismo, llamó a quien asuma la presidencia de la Asamblea a priorizar la rendición de cuentas y a reducir el tamaño y presupuesto del propio Órgano Legislativo.

Sobre la reciente derogatoria del Decreto 10 que regulaba el transporte por plataformas, la diputada calificó la medida como un "grave error" del Ejecutivo, aunque valoró la apertura de una mesa de diálogo. No obstante, advirtió que el centro del debate debe ser el ciudadano y el usuario, actores que, a su criterio, no están debidamente representados en dicho espacio.

Prado enfatizó la necesidad de una visión de país que priorice la reactivación económica y la generación de empleo, señalando que sectores como la construcción aún no muestran señales claras de recuperación, especialmente en el interior del país.