Reforma electoral: Los desafíos para democratizar las candidaturas en Panamá

Ciudad de Panamá/En el debate sobre las reformas electorales en Panamá, dos voces experimentadas —Guillermo Márquez Amado, exmagistrado del Tribunal Electoral, y Boris Barrios, exfiscal electoral— coinciden en un diagnóstico: el sistema actual favorece a los partidos políticos y obstaculiza a los candidatos independientes. Ambos participaron en el programa Radar del 23 de noviembre para analizar los desafíos de la actual Comisión Nacional de Reformas Electorales.

Guillermo Márquez Amado subraya que, pese a los avances desde 1990, la sociedad civil sigue subrepresentada en los procesos de reforma. “La democracia no es cosa de partidos, es cosa de toda la sociedad”, afirma, y denuncia que la estructura de la “democracia de partidos” aún no se ha desmontado.

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Márquez Amado señala que los candidatos independientes enfrentan “grilletes”: deben recoger el 2 % de firmas en un solo año —mientras los partidos logran ese umbral en una década— y cumplir plazos extenuantes que los alejan de sus trabajos y familias. “Eso es un desgaste intencional”, advierte, y exige una reforma constitucional que reemplace la fórmula de elección de diputados, hoy diseñada para perpetuar a las cúpulas partidistas.

Boris Barrios, por su parte, critica la “renuncia tácita” que se propone exigir a los inscritos en partidos que apoyen candidaturas independientes. “Es un error cerrarles la puerta a quienes, dentro de los partidos, buscan renovación”, dice, recordando que el respaldo a los independientes en las últimas elecciones vino precisamente de votantes inscritos en partidos tradicionales.

Barrios también denuncia el uso abusivo de la “reserva del 40 %” de candidaturas, un mecanismo que, bajo el pretexto de alianzas, concentra el poder en los “capos” partidarios y despoja a militantes de su derecho a competir internamente.

Tanto Márquez Amado como Barrios coinciden en que el clientelismo y el manejo discrecional de los subsidios electorales son el núcleo de la corrupción del sistema.

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“Los recursos públicos terminan financiando las candidaturas de quienes controlan los partidos”, señala Márquez Amado, mientras Barrios insiste en que el Tribunal Electoral debe separar sus funciones: “No puede organizar elecciones y, al mismo tiempo, ser juez de las impugnaciones. Eso contamina la justicia electoral”.

Además, ambos destacan la urgencia de regular el caos en las impugnaciones electorales y en el funcionamiento de las juntas circuitales, donde, según Barrios, “hubo fraudes que no se investigaron porque los procedimientos protegen a los favorecidos”.