¿Rehabilitación o abuso a los derechos humanos? Justicia indígena en Panamá

Cuando se habla de justicia en las comunidades indígenas de Panamá se piensa en el cepo o la ortiga. Los videos de personas siendo castigadas son compartidos por morbo y muchos denuncian que se trata de prácticas barbáricas y anacrónicas. Sin embargo, para los miembros de estas comunidades indígenas el objetivo es la reflexión a través de la vergüenza como parte de un proceso de restauración y rehabilitación.

Se requiere de un estudio y una conversación a fondo con los pueblos originarios para realmente comprender en qué consiste la justicia indígena. Y es eso precisamente lo que hizo la fundación suiza de ayuda a la infancia, Terres des hommes (TDH).

En conjunto con la Fundación para la Promoción del Conocimiento Indígena (FPCI), la Unión Europea y siete pueblos originarios panameños, llevaron a cabo un proyecto llamado “Aportes de las culturas y prácticas de la justicia juvenil indígena ancestral a la rehabilitación y reinserción de los menores indígenas en conflicto con la ley en Panamá”.

Fueron dos años de trabajo, que culminaron con un documento final presentado el 14 de diciembre. Se hicieron 18 talleres en los que participaron 589 miembros de pueblos originarios. Durante estos talleres se unificaron criterios entre distintas comunidades, tomando en cuenta las opiniones y costumbres de los pueblos.

El resultado final fue un documento en el que presentan una serie de recomendaciones al poder judicial, legislativo, ejecutivo y a las propias comunidades indígenas. Entre las recomendaciones está crear una legislación que defina y reconozca la justicia indígena, así como la autonomía de los pueblos originarios para aplicarla dentro de sus territorios.

También se recomienda traducir documentos como la Convención de los Derechos del Niño a las lenguas de los grupos originarios para su mejor comprensión, así como incentivar talleres, capacitaciones y acercamientos a las partes involucradas incluyendo los miembros de la comunidad, los agentes de Seguridad del Estado y los funcionarios del sistema judicial. Enfatiza la necesidad de consultar a las comunidades originarias al momento de legislar sobre temas que los afectan directamente.

“El documento final será compartido a los actores que participan en los procesos de justicia juvenil en Panamá, tanto del Estado como de la sociedad civil, con el fin de fomentar las coordinaciones entre el sistema de justicia ordinaria y el sistema ancestral, logrando el fortalecimiento y la mejora al acceso a la justicia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el país centro americano”, manifestó Juan Manuel Sandoval Ayala, coordinador regional del Programa de Acceso a la Justicia para Latinoamérica y el Caribe de TDH.

Puede ver el informe completo aquí: Informe sobre Justicia Indígena