Residentes, inversionistas y autoridades denuncian usurpación de tierras en Colón

Testimonios como los de Juvencio Dellis Acosta, Manuel Rodríguez, Sebastián Alarcón y Carlos Anguizola relatan el impedimento de ingreso a sus propiedades con escombros que bloquean la servidumbre, la siembra de alimentos y la creación de servidumbre falsa.

Residentes, inversionistas e incluso autoridades de la Costa Arriba de Colón han interpuesto denuncias de homicidio y falsificación de firmas en relación al conflicto de usurpación de tierras en el que acusan a Joaquín Vallarino de crear conflictos con sus terrenos para posteriormente adueñarse de ellos.

Testimonios como los de Juvencio Dellis Acosta, Manuel Rodríguez, Sebastián Alarcón y Carlos Anguizola relatan el impedimento de ingreso a sus propiedades con escombros que bloquean la servidumbre, la siembra de alimentos y la creación de servidumbre falsa.

Juvencio Dellis Acosta, residente del distrito de Santa Isabel en la Costa Arriba de Colón, heredó una finca de 11 hectáreas.

Su abuelo, Pedro Acosta Cuadra, vivió en este terreno desde 1912 y posteriormente recibió su título de propiedad en 1920.

Según Acosta, todo transcurría con normalidad hasta aproximadamente el año 1999-2000, cuando Joaquín Vallarino llega y compra 5 lotes cercanos a su propiedad, la finca 2010.

Acosta relató en Noticias AM el mecanismo de medición que utilizaba Joaquín Vallarino para apropiarse de los terrenos.

“Medía [Vallarino] el terreno que iba a comprar y le pellizcaba un pedazo al colindante”, cuenta Acosta. “Cuando el colindante se sentía afectado, le reclamaba [a Vallarino]”.

De acuerdo a Acosta, Vallarino les ofrecía comprar la propiedad para resolver el conflicto.

Vallarino también le midió su propiedad desde el centro de la playa hasta el sur, añadió Acosta.

“Así fue comprando terreno hasta que llegó a la finca 2010, entonces nosotros lo paramos”, dijo Acosta.

Sin embargo, Acosta relató que Vallarino seguía inconforme con lo que le estaba quitando y obtuvo más terrenos cuando le dieron el Ministerio de Trabajo.

La familia de Acosta citó a Vallarino múltiples veces a la Reforma Agraria y a la Alcaldía para resolver el problema, pero este no se presentó.

“Nosotros queríamos resolver el problema, que el cogiera lo suyo y que nos respetara lo nuestro” comentó Acosta.

Acosta buscó una media por sus propios medios y cercó el terreno por la colindancia desde que se midió en 1912.

La respuesta de Vallarino, ¨Llegó con 5 policías, la corregidora del pueblo y me tumbó mi cerca”, relató Acosta.

Posteriormente, Acosta contrató los servicios profesionales del abogado Alejandro Román Sánchez por 7 años hasta que vendió el terreno al inversionista Carlos Anguizola.

Manuel Rodríguez, cuya familia materna es oriunda de Portobelo, lleva más de 40 años residiendo en el lugar que fue testigo de sus primeros pasos.

A pesar de esto, Rodríguez enfrenta una situación similar a la de Juvencio Dellis Acosta.

Sus hijas son propietarias de una finca de 14 hectáreas en el área entre Viento Frío y Nombre de Dios.

Sin embargo, su título de propiedad parece no tener valor ya que se le ha impedido la entrada a su terreno, bloqueando la servidumbre con escombros y siembra.

Rodríguez relató que las autoridades alegan que las propiedades se encuentran en el abandono y “empiezan a argumentar por prescripción adquisitiva, lo cual no es válido por un derecho posesorio”.

“¿Cómo no va a estar abandonada si no podemos entrar?”, exclamó Rodríguez.

Las visiones de negocio de la familia de Rodríguez también se han visto truncadas.

Debido a la belleza y potencial turístico de la zona, su familia desarrolló un proyecto de 140 cabañas de 4 estrellas.

Sin embargo, según Rodríguez, nunca han podido avanzar más allá de los planos porque los inversionistas huyen.

“Los asustan [a los inversionistas], no los dejan entrar¨, dijo Rodríguez. “Todo el que llega ahí percibe una situación de tensión, hay amenazas¨.

Santiago Alarcón, es el testimonio de una ex autoridad que también presenció este conflicto.

Alarcón fungió como vicealcalde de Santa Isabel por 10 años (dos períodos) y trató de ejercer la autoridad en esta situación.

“Yo irrumpía la servidumbre hacia los terrenos porque los cerraban”, mencionó Alarcón vía telefónica en una entrevista a Noticias AM.

Sin embargo, cuando sus períodos culminaban las autoridades nuevamente cerraban los terrenos.

“Ellos la cierran para que la gente no pueda ir a sus terrenos y luego alegar que están abandonados”, añadió Alarcón.

Alarcón incluso fue custodio de un terreno de 2 hectáreas y fue víctima de una falsificación de firma.

“Se me falsificó una firma alegando que había dado la certificación de un terreno que ya tenía título de 2002”, dijo Alarcón.

Alarcón puso la denuncia de falsificación hace 6 años, pero aun así, el terreno apareció con un nuevo título en el 2013.

El inversionista, Carlos Anguizola, no sólo se vio afectado después de comprarle la finca 2010 a Dellis, sino que también presentó una denuncia de homicidio contra Joaquín Vallarino.

“Yo venía en un carro 45 minutos después de ver la finca y él [Vallarino] decía, te tienes que ir por el agua¨ cuenta Anguizola.

A pesar de la violación a su derecho de cruzar por la servidumbre, Anguizola esperó por 45 minutos.

Luego una camioneta se les avalanchó a toda velocidad, pero Anguizola logró esquivarla.

Una persona resultó herida, sin embargo, la demanda no progresó porque el herido no estuvo lesionado por más de un mes.

Anguizola añadió que las autoridades como la ANATI, Catastros y el MIVI cuentan con profesionales muy capacitados, pero existe corrupción dentro de las mismas.

“Hay corrupción. Perdían documentos, documentos de la Corte Suprema de Justicia se perdían en Catastros”, dijo Anguizola. “Eliminan servidumbre y ponen servidumbre en lugares falsos. Eso no pasa accidentalmente ni en ANATI ni en el MIVI¨.

También denunció el corte de playas con la marina y la carretera que les han construido sobre su propiedad. Incluso mencionó a un supuesto inversionista que está comprando el “terreno robado” para la construcción de un hotel de 300-500 millones de dólares.

Anguizola insiste en que esto amerita una “investigación a fondo”.

“En el negocio inmobiliario y la inversión internacional lo más importante es la seguridad jurídica. Entre menos riesgo usted tenga, más fácil será la inversión y más valdrá la propiedad¨, comentó Anguizola.