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San Miguelito/En medio de la polémica que enfrenta a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) y al Municipio de San Miguelito por el control de la recolección de basura, y que deberá ser resuelta por la Corte Suprema de Justicia, fue publicada hoy en Gaceta Oficial la Resolución de Gabinete N° 21 del 31 de marzo de 2026, que aprueba la contratación con la empresa Elektra Noreste para la gestión del cobro de la tasa de aseo en el distrito.
El documento autoriza, mediante procedimiento excepcional, un contrato por cinco años, desde el 19 de enero de 2026 hasta el 19 de enero de 2031, por un monto de $4,502,380.00, que permitirá incluir la tasa de aseo en la factura eléctrica, así como su distribución, recaudación y manejo de la cartera morosa.
La decisión se da en un contexto de tensión institucional. La semana pasada, la Procuraduría de la Administración emitió un concepto favorable a la demanda de nulidad presentada por el Municipio de San Miguelito contra la Resolución N° 01-2026 de la AAUD, mediante la cual la entidad tomó el control total del servicio de recolección, transporte y disposición de residuos en ese distrito, incluyendo el cobro de la tasa de aseo...El pronunciamiento de la Procuraduría concluye que la entidad se extralimitó al intentar asumir de forma unilateral la recaudación de la tasa de aseo.
El conflicto surge tras la finalización del contrato con la empresa Recicladora Vida y Salud (Revisalud) el 18 de enero de 2026. Según la resolución, durante la concesión se registraron incumplimientos que provocaron acumulación de desechos y vertederos improvisados, poniendo en riesgo la salud de los residentes.
La situación se agravó en diciembre de 2025, cuando se detectaron más de 250 puntos críticos en los nueve corregimientos del distrito. Ante ese escenario, el Ejecutivo solicitó una intervención urgente de la AAUD, que logró estabilizar la recolección en un periodo de ocho días.
El Gobierno sostiene en la resolución que mantener el sistema de cobro a través de ENSA garantiza eficiencia, cobertura y reducción de la morosidad, además de ser el único mecanismo capaz de asegurar la captación inmediata de ingresos para evitar un colapso sanitario.
También se advierte que la continuidad del sistema de recaudo es clave para sostener las operaciones del servicio, incluyendo la atención de vertederos clandestinos, daños a infraestructura y riesgos asociados a enfermedades, contaminación del agua y obstrucción de vías.
Mientras el Ejecutivo avanza con este esquema, la disputa legal continúa abierta, lo que deja en manos de la Corte Suprema de Justicia, la decisión sobre quién tiene la última palabra en el manejo del servicio y sus ingresos en San Miguelito.