Fondos de la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo retornan a Panamá y refuerzan lucha contra el blanqueo de capitales
La Operación Speed Joyeros y Argento Vivo, un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo.
Panamá/La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó dos créditos adicionales al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, para la lucha contra el blanqueo de capitales.
El primer crédito sustentado fue por $1.139.945 destinado a financiar la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Blanqueo de Capitales, creada en julio de 2020 como brazo auxiliar de la justicia panameña. El segundo, un crédito adicional de $596,397 para la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de fortalecer la Unidad de Investigación Financiera, creada en 2016.
Recursos provenientes del caso Speed Joyeros y Argento Vivo
Los fondos tienen su origen en la Operación Speed Joyeros y Argento Vivo, un proceso judicial internacional de 1998 en la Zona Libre de Colón que derivó en el decomiso de bienes y dinero vinculados al blanqueo. En virtud de un acuerdo firmado entre Panamá y Estados Unidos el 22 de octubre de 2013, al país le correspondió el 70% de los $52.1 millones incautados, es decir, unos $36 millones, destinados exclusivamente a robustecer las capacidades contra el lavado de activos.
El caso Speed Joyeros y Argento Vivo, que estalló en 1998 en la Zona Libre de Colón, reveló una amplia red de blanqueo de capitales con ramificaciones internacionales. Las autoridades de Estados Unidos lideraron la operación que culminó en decomisos millonarios de bienes y activos vinculados a estas empresas de los hermanos Yardena Herbroni y Eliahu Mizrahi, dueños de joyerías en la Zona Libre de Colón.
Tras años de litigios, Panamá reclamó su parte de los recursos incautados, argumentando que, conforme a los acuerdos de cooperación judicial, le correspondía un porcentaje significativo de esos bienes.
Sin embargo, el proceso estuvo marcado por denuncias sobre la resistencia de las autoridades estadounidenses a transferir los fondos a Panamá. Sectores políticos y jurídicos locales señalaron que, pese a que el dinero provenía de operaciones en territorio panameño y debía destinarse a la lucha contra el crimen organizado, Washington se mostró reticente a liberar los recursos. Esto generó tensiones diplomáticas y reclamos públicos de que se trataba de un derecho del Estado panameño.
En 2006, autoridades del Ministerio Público y de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos acordaron distribuir el dinero decomisado entre las instituciones que participaron en la operación "Mina de Oro".
Los hermanos legitimaron dicho capital desde sus locales, Speed Joyeros S. A. y Argento Vivo S. A., que fueron usados como fachada a través de la compra y venta de oro y plata. Sin embargo, no detallaron qué cantidad le tocará a cada país.
Finalmente, en 2013 se firmó un acuerdo que abrió la puerta al traspaso de aproximadamente $52.1 millones, de los cuales a Panamá le correspondió el 70 %, unos $36 millones, destinados exclusivamente a reforzar la capacidad institucional contra el blanqueo de capitales
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El secretario general del Minseg, Juan Carlos Rodríguez, aclaró que solo fue posible acceder a los fondos tras la culminación del proceso judicial, mientras que César Pitty, de la DIJ, recordó que la operación fue ejecutada por Estados Unidos en 1998 y los acuerdos establecen expresamente su uso en la lucha contra el crimen organizado.
Funcionamiento de la Fuerza de Tarea
La unidad opera de manera articulada con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la Unidad de Análisis Financiero (UAF), la Superintendencia de Bancos y el Ministerio Público, con la misión de apoyar investigaciones, realizar misiones en campo y sustentar con pruebas los procesos judiciales.
Según Ábrego, este es el primer desembolso formal para su funcionamiento. Los recursos ingresan a una cuenta especial del Banco Nacional a nombre del Ministerio de Seguridad (Minseg) y no provienen de los ingresos corrientes del Estado.
El ministro Ábrego indicó que las investigaciones de la Fuerza de Tarea son reservadas, pero aseguró que han permitido la incautación de $64.5 millones en bienes, de los cuales $19.4 millones en efectivo ya fueron trasladados a la Unidad de Bienes Aprehendidos del Ministerio de Economía y Finanzas.
Créditos adicionales para la DIJ
En paralelo, la Comisión también avaló un crédito adicional de $596,397 para la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), con el fin de fortalecer la Unidad de Investigación Financiera, creada en 2016 por un periodo de 10 años en el marco del Tratado de Asistencia Mutua. Esta unidad se dedica a labores de seguimiento, encubiertas e investigación de casos complejos de blanqueo.
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Ábrego advirtió que una vez se agoten los recursos del caso Speed Joyeros y Argento Vivo, previsto para 2026, la sostenibilidad de la Fuerza de Tarea quedará bajo responsabilidad del Minseg, mediante partidas provenientes de bienes incautados y del presupuesto de 2027.
Finalmente, la Comisión de Presupuesto dio luz verde a los créditos adicionales solicitados por el Ministerio de Seguridad.