Suntracs defenderá su existencia en tribunales nacionales e internacionales, anuncia su junta directiva
“Declaraciones que a nuestro juicio son ilegales, inconstitucionales y que constituyen un paso más en la persecución que lleva adelante este gobierno contra nuestro sindicato”, declaró uno de los dirigentes durante una conferencia.
Panamá/Un día después de que la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunciara la presentación de una demanda para la disolución del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), la directiva del gremio reaccionó y calificó la acción como una “persecución política”.
“Suntracs usa la violencia como forma de manifestarse”, afirmó Muñoz ayer jueves durante una conferencia de prensa, detallando que la solicitud será resuelta por los juzgados laborales del Órgano Judicial. Según explicó, la medida se fundamenta en un “riguroso análisis jurídico y técnico con base en la legislación laboral vigente”, tras constatar presuntos actos violentos e ilegales cometidos de forma sistemática por el sindicato.
En respuesta, la junta directiva de Suntracs se reunió hoy viernes con su equipo legal para analizar lo que consideran un ataque directo del gobierno. “Declaraciones que a nuestro juicio son ilegales, inconstitucionales y que constituyen un paso más en la persecución que lleva adelante este gobierno contra nuestro sindicato”, declaró uno de los dirigentes durante una conferencia.
Para Suntracs, lo dicho por la ministra deja en evidencia “el odio que destila el gobierno y la ministra de Trabajo contra nuestra organización”. Recordaron que han negociado 12 convenciones colectivas con la Cámara Panameña de la Construcción (Capac), y que llevan más de 50 años defendiendo los intereses de los obreros y sus familias.
El sindicato hizo un llamado a la unidad, firmeza y disciplina de sus miembros, y lanzó una advertencia al sector empresarial: “No se puede pretender que, por lo planificado ayer por la ministra de Trabajo, nuestra convención colectiva va a ser irrespetada. La convención tiene plena vigencia y nos preparamos para negociar otra con Capac”.
También exigieron respeto al proceso de elección interna de su nueva junta directiva, programada para el próximo mes de agosto. “Eso tira por tierra lo que dice la ministra de que el sindicato no es democrático. Nada más falso que eso. Todas las decisiones se consultan con los órganos de dirección: la Asamblea General, el Consejo Nacional Sindical, la Junta Directiva y los consejos regionales. Esta patraña que han inventado contra nuestros dirigentes y nuestro sindicato, se va a caer”.
El equipo legal del sindicato anunció que hará frente a esta medida por todos los medios legales posibles; uno de ellos, el abogado Rolando Murgas fue enfático y señaló que “vamos a hacer frente en los planos jurídicos a esta arremetida, con todas las armas e instrumentos que nos dan las normas constitucionales, las normas legales y los convenios internacionales que comprometen al país”.
Frente a los señalamientos de supuesta extorsión, los dirigentes hablaron de un “andamiaje previo de mentiras” y advirtieron que el gobierno podría enfrentar consecuencias similares a las del caso de los extrabajadores del IRHE, por el cual el Estado fue condenado a pagar millones en indemnizaciones.
“Por primera vez en la historia nacional se solicita la disolución de un sindicato invocando la causal de apartarse permanentemente de los fines sindicales. Eso no tiene precedentes y lo vamos a enfrentar”, dijo.
En su defensa, recordaron que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reconoce como legítimas las huelgas contra políticas económicas y sociales de los gobiernos. “¿Qué fue lo que hicimos? Oponernos a la ley 462, que no buscó consensos previos. Eso no puede ser causal para disolver un sindicato”.
Hoy, más temprano, en TVN Noticias, la viceministra de Trabajo, Ana Gabriela Soberón, aseguró que la acción se basa en el artículo 392 del Código de Trabajo, que faculta al Mitradel a actuar cuando una organización sindical se aleja de sus objetivos legales.
Panamá no puede estar secuestrado por una organización sindical que ha atentado contra la economía, la educación y el empleo. El Suntracs se ha desviado de los fines de su creación y ha organizado sistemáticamente paros ilegales”.
Además, Soberón denunció que el sindicato mantiene desde hace 13 años una deuda con 412 obreros de la construcción que trabajaron en una obra en la isla Red Frog, en Bocas del Toro. La organización habría hipotecado las fincas otorgadas como pago por prestaciones, pero no ha cumplido con sus obligaciones.
Sacaron el dinero de un bolsillo y lo metieron en otro. No han pagado las prestaciones que les corresponden a esos trabajadores. Es una injusticia que debe terminar”, dijo la viceministra.
La génesis
En mayo pasado, se conoció de las órdenes de aprehensión contra varios dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), entre ellos, Genaro López y Saúl Méndez, que llevaron a una sorpresiva solicitud de asilo político, a la movilización de los estamentos de seguridad y allanamientos judiciales.
Pero, ¿por qué la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada investiga a estas dos figuras y a otros, líderes de uno de los sindicatos más poderosos de Panamá? Todo comenzó cuando los activos del Suntracs se extendieron hasta isla Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, luego de que le fueran entregados unos 15 lotes de 2,000 metros cuadrados cada uno —alrededor de tres hectáreas— como parte de una garantía surgida tras una huelga liderada por 412 obreros del proyecto Red Frogs.
Estas propiedades habrían sido traspasadas al Suntracs como garantía para el pago de compensaciones a los trabajadores y otras condiciones laborales, luego que fueran liquidados por Pillar Construction S.A., posteriormente a que la huelga fuera declarada legal, a favor de los obreros.
Con información de Kayra Saldaña.
