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La incertidumbre volvió a tomar las calles de San Miguelito, esta vez no por la basura acumulada, sino por el futuro de quienes la recogen todos los días. Yenny Carrión, secretaria de Defensa de los trabajadores de Revisalud, aseguró que la lucha que hoy mantienen no es nueva y se arrastra desde 2023, con el mandato del pasado alcalde Héctor Carrasquilla, cuando empezaron a denunciar las condiciones precarias dentro de la empresa y el deterioro del servicio en el distrito.
“Alzamos la voz por todos los inconvenientes que estaban pasando dentro de la empresa con los trabajadores y todo lo que veíamos que estaba pasando con el distrito y nadie nos hacía caso”, aseguró Carrión.
Según explicó, solo después de múltiples denuncias públicas y formales las autoridades comenzaron a poner atención a la situación de Revisalud, cuya concesión con el municipio de San Miguelito vence este próximo 18 de enero. A pocos días de esa fecha, más de 250 trabajadores, incluyendo personal de la subcontratista Serviaseo, siguen sin certeza sobre el pago completo de sus liquidaciones.
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Carrión confirmó que la empresa planteó pagar solo la mitad de lo adeudado el 20 de enero, y dividir el resto en dos pagos adicionales el 20 de febrero y el 20 de marzo. Una propuesta que los trabajadores rechazan.
Nosotros no podemos aceptar eso. Ya estaríamos cesantes y no sabemos ni dónde encontrar a la empresa después del 18”, afirmó.
Por esa razón, exigen que la totalidad del dinero sea consignada en el Ministerio de Trabajo, para que sea el Estado el garante del pago.
La vocera reveló que desde septiembre la empresa había solicitado, sin informar a los trabajadores, un permiso al Ministerio de Trabajo para despedirlos bajo el artículo 213, que permite ceses por razones económicas. “Jamás bajaron a decirle a los trabajadores: ‘"Está pasando esto, quédense tranquilos", denunció.
Más allá del tema laboral, Carrión describió un panorama que, según ella, explica parte de la crisis de la recolección de basura en San Miguelito: falta de camiones, ausencia de uniformes y equipos de protección, y trabajadores que llevan hasta dos años sin recibir botas o ropa adecuada.
El problema no es el trabajador. El trabajador amanece a las cinco de la mañana a recoger basura, pero si la empresa no tiene infraestructuras, no tiene uniformes, no tiene camiones, ¿qué hacemos nosotros?”, cuestionó.
Sumado a esto, Carrión asegura que son los trabajadores los que quedan en el centro del malestar comunitario. Contó sobre casos de camiones secuestrados por residentes molestos porque la basura no es recogida.
Por su parte, la ministra de Trabajo, Jacqueline Muñoz, intervino tras la paralización y confirmó que el Ministerio ha solicitado a la empresa consignar la totalidad de las prestaciones laborales antes de que termine la concesión, precisamente para evitar que los trabajadores queden desprotegidos si la empresa decide retirarse del país.
De cara al futuro, Carrión hizo un llamado directo a las autoridades y a las nuevas empresas que asumirán temporalmente la recolección: tomar en cuenta a los trabajadores con experiencia. “Tenemos gente con 25 y hasta 30 años recogiendo basura en San Miguelito”, afirmó, recordando que no se trata solo de empleo, sino de conocimiento del territorio y de zonas donde incluso las autoridades evitan entrar por razones de seguridad.