A 19 años de la tragedia del bus 8B-06: víctimas aún claman justicia y acompañamiento del Estado

A casi dos décadas del siniestro, las víctimas y sus familiares continúan enfrentando una lucha silenciosa por justicia y apoyo estatal, en un sistema que, según ellos, “no les brindó justicia”.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tragedia del bus 8B-06, ocurrida el 23 de octubre de 2006, sigue marcada en la memoria del país como el peor accidente en la historia del transporte público panameño, ocurrido en el área de La Cresta en la avenida Martín Sosa. En aquel hecho, 18 personas fallecieron y más de 20 resultaron heridas, dejando una huella imborrable en las familias afectadas y evidenciando las deficiencias del sistema de movilidad urbana.

A casi dos décadas del siniestro, las víctimas y sus familiares continúan enfrentando una lucha silenciosa por justicia y apoyo estatal, en un sistema que, según ellos, “no les brindó justicia”.

"El suplicio que pasan las víctimas en dos en dos sentidos. Una de buscar justicia en un sistema que es totalmente canalla para darle un término y dos de lidiar con el dolor de la pérdida de un ser querido en esa en esa en esa circunstancia", expresó Toribio Díaz, vocero del Movimiento de Víctimas de la Violencia Vial en Panamá, quien perdió a sus padres en un accidente de tránsito y desde entonces lidera iniciativas para fortalecer la seguridad vial.

Díaz subrayó que las víctimas no solo enfrentan el dolor de perder a un ser querido, sino también un suplicio judicial en busca de respuestas. Afirmó que hay personas que llevan más de diez años esperando una audiencia preliminar, en donde algunos han muerto sin recibir justicia. En el caso del bus incendiado, incluso tuvieron que buscar amparo fuera del país.

La tragedia del bus 8B-06, ocurrida el 23 de octubre de 2006.
La tragedia del bus 8B-06, ocurrida el 23 de octubre de 2006. / TVN Noticias

Justicia pendiente y políticas públicas inconclusas

El dirigente explicó que el movimiento ha impulsado propuestas legislativas para fortalecer los derechos de las víctimas, pero reconoció que persisten grandes vacíos.

“Aquí no vamos a buscar una cacería de brujas. Nadie sale con la intención de quitarle la vida a una persona en las calles, en un vehículo, pero sin embargo, sentar las bases, sobre todo en el ámbito legal y humano. Aquí hay personas que pierden un familiar y todavía están esperando que lo llamen en una audiencia preliminar. Esas personas a veces que fallecen son cabezas de familia, dejan hijos, esposas, esposos y no hay quien resuelva esa situación”, sostuvo.

Según Díaz, la lentitud de los procesos judiciales y la falta de seguimiento institucional agravan la situación. Advirtió que la velocidad se ha convertido en la principal causa de accidentes en el país, superando incluso los casos relacionados con la ingesta de alcohol.

Explicó que hace algunos años, la alcoholemia encabezaba las estadísticas. Hoy, la velocidad es el principal detonante. Aunque reconoce que se han logrado avances en la conciencia ciudadana, todavía falta mucho por hacer. Entre los factores que inciden, mencionó el mal estado de las carreteras, la falta de iluminación y la imprudencia al conducir, condiciones que continúan cobrando vidas.

Hacia una cultura de seguridad vial

Díaz adelantó que, junto con la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá, impulsan la creación de un Observatorio de Derechos Humanos y Seguridad Vial, con el objetivo de recopilar datos, evaluar políticas públicas y dar seguimiento a las víctimas.

Indicó que sin información no se pueden diseñar estrategias efectivas. Panamá ha avanzado en planificación, pero ahora falta ejecutar. Recordó que el país cuenta con un Plan de Movilidad Urbana Segura, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyas recomendaciones aún esperan ser aplicadas.

Asimismo, resaltó la importancia de reactivar el Consejo Nacional de Seguridad Vial (Consevi), adscrito a la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), como ente responsable de coordinar acciones entre el Estado y la sociedad civil.

La tragedia del 8B-06 dejó lecciones dolorosas, pero también una deuda pendiente con las víctimas y sobrevivientes. A 19 años de aquel 23 de octubre, el país sigue recordando el sacrificio de las víctimas, mientras familiares y movimientos ciudadanos mantienen viva la exigencia de que tragedias como esa no se repitan nunca más.

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