Jelou!
En vivo
Ciudad de Panamá/El diputado Ernesto Cedeño advirtió que la regulación del transporte en Panamá requiere una norma jurídica formal, aprobada por la Asamblea Nacional, y no decretos ejecutivos improvisados, que a su juicio adolecen de vicios de ilegalidad y favorecen intereses particulares sobre el usuario.
En entrevista con Noticias AM, el diputado explicó que su demanda ante la Corte Suprema de Justicia busca frenar estructuras que, bajo el argumento de ordenar el servicio de transporte selectivo, podrían consolidar el poder de las prestatarias en detrimento de conductores independientes y pasajeros.
"Mi posición es que pudo haber una desviación de poder para fortalecer una estructura de prestatarias y no específicamente ver al transportista", afirmó Cedeño.
Según el diputado Cedeño, cualquier reforma al sector debe garantizar la participación ciudadana exigida por la Ley 6 de 2002, mediante consultas públicas, audiencias o foros. "Ese decreto 10 adolecía de esta oportunidad de participación ciudadana", señaló, recordando que la norma fue derogada apenas días después de su publicación.
Cedeño también criticó la redacción del decreto 11, que establece un plazo "no menor de 90 días" para que una mesa de trabajo presente una propuesta de regulación. "Ese 'no menor de 90 días' puede ser 7 años que te presenten una iniciativa totalmente descabellada", advirtió, alertando sobre la dilación en soluciones urgentes para el sistema de transporte.
Cedeño hizo un llamado a eliminar la intermediación de las prestatarias en la gestión de cupos de taxi y plataformas digitales como Uber o InDrive. Propone que estas empresas establezcan una relación directa con el Estado —Ministerio de Gobierno y ATTT— para pagar prestaciones y tarifas sin intermediarios que cobren por "Sarpe", anualidades o placas, sin rendición de cuentas clara. "No tengo la menor idea a dónde van esos dineros, porque como no es una empresa pública, no hay transparencia", expresó.
Para Cedeño, el modelo actual genera desconfianza: "La gente interpreta el sistema como corrupto", donde los cupos terminan en manos de conglomerados y no de los conductores que realmente operan el servicio. "Los cupos debieran ser de ese que maneja, de los hijos de la calle", insistió.
Además, destacó que las plataformas de transporte internacionales ya ofrecen estándares de seguridad básicos —foto del conductor, placa, datos del vehículo— que deberían ser obligatorios también para el transporte público panameño. "Esa es una seguridad elemental que debía tener la transportación pública", agregó.
El diputado Cedeño también señaló un conflicto de interés en la ATTT, donde el secretario actual es dirigente transportista con control de concesionarias. "Es grave que la institución se perciba como un ente que trabaja para mantener contentos a los transportistas sin importarle el usuario", manifestó, exigiendo que la gestión de cupos y prestatarias se aleje de influencias políticas.