Traslado de partidas para MiBus queda en suspenso tras rechazo en la Asamblea

Ciudad de Panamá/La empresa de transporte masivo de la capital, MiBus, se prepara para un nuevo e incómodo asalto en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Tras el reciente rechazo de un traslado de partidas, la administración deberá sustentar nuevamente el pago de $369,000 a la empresa Global Business Development Company, encargada de la videovigilancia en zonas pagas y patios entre 2019 y 2025.

La controversia no radica solo en el monto, sino en el rostro detrás del contrato: la compañía pertenece a Virgilio Periñán Herrera, hijo de la actual secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera. Esta conexión política encendió las alarmas de varios diputados de la Comisión, quienes cuestionaron duramente la continuidad y las extensiones de este servicio.

Un contrato de larga data

El gerente de MiBus, Carlos Sánchez Fábrega, intentó desvincular su gestión directa del origen del contrato, explicando que se trata de una herencia administrativa que ha sobrevivido a través de adendas.

“En principio del año 2019, fue refrendado el contrato de la licitación del año 2018. Cuando yo salí, tenía 6 meses de haber sido refrendado y estaba en ejecución... La ejecución de ese contrato en realidad no la hice yo, la hizo el siguiente gerente”, aclaró Sánchez Fábrega.

Sin embargo, al retomar las riendas de la entidad, el gerente confirmó que el contrato seguía vigente cinco años después. Según Fábrega, ya se han iniciado los pasos para terminar dicha relación contractual y cambiar el modelo de operación de seguridad.

El traslado de partidas solicitado originalmente por MiBus ascendía a $4.9 millones de dólares, un paquete financiero que buscaba sanear diversas cuentas pendientes.

El rechazo de la Comisión de Presupuesto no solo frena el pago a la empresa de Periñán Herrera, sino que deja en el limbo otros compromisos críticos para la operación del sistema, como el mantenimiento de los buses y chapistería.

En información obtenida por TVN Noticias, el servicio de videovigilancia ya fue ejecutado, lo que legalmente obliga a la estatal a buscar los fondos para cancelar la deuda, independientemente de la polémica política.

Con información de Nicanor Alvarado.