Corazón de Madre
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Dos recientes casos de violencia intrafamiliar registrados en la provincia de Chiriquí han generado preocupación y reavivado el llamado a reforzar las medidas de prevención y atención frente a este tipo de agresiones, particularmente cuando las víctimas son adultos mayores.
Uno de los hechos ocurrió en el distrito de Barú, donde un hombre agredió físicamente a su madre y posteriormente amenazó con incendiar la vivienda mientras ambos padres, de más de 80 años, se encontraban dentro de la residencia. Ante la situación de violencia, agentes de la Dirección de Investigación Judicial aprehendieron al sujeto, quien mantenía una conducta agresiva y representaba un riesgo para sus progenitores.
Sobre este tipo de casos, Suky Yard, representante de la Fundación Vida Mujer, advirtió sobre la urgencia de adoptar acciones concretas para evitar que estos episodios deriven en tragedias.
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“Lo que no podemos hacer es seguir mirando hacia otro lado como si nada estuviera pasando en el país. Hay menores maltratados, hay mujeres siendo asesinadas y, en estos últimos casos, mujeres agredidas por sus propios hijos. Existe un contexto muy importante que debemos canalizar, y en el que deben participar las instituciones, la sociedad civil y todos los actores involucrados. Lo que no está permitido es desconocer la realidad que estamos viviendo”, señaló.
Otro hecho violento se registró también en la provincia de Chiriquí, específicamente en la barriada Villa Nazaret, en el distrito de David, donde un hijo apuñaló a su madre de 61 años e intentó incendiar la vivienda con ella dentro, en medio de un episodio de violencia doméstica. La agresión fue denunciada por una hija de la víctima, lo que permitió la intervención de las autoridades. La mujer recibió atención médica y, según los informes, se encuentra fuera de peligro.
En Panamá, el artículo 200 del Código Penal establece que quien hostigue o agreda física, psicológica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con penas de prisión de cinco a ocho años, además de la obligación de someterse a tratamiento terapéutico multidisciplinario en centros de salud especializados, públicos o privados.
Las autoridades reiteraron que en ambos casos los presuntos agresores deberán rendir cuentas ante la justicia por los delitos cometidos.
Con información de Hellen Concepción