Radar: Brechas en derechos humanos, reforma al sistema de salud y crisis de basura en San Miguelito

Ciudad de Panamá, Panamá/La persistencia de brechas en derechos humanos, el debate sobre la integración del sistema de salud y la crisis en la recolección de residuos en San Miguelito centraron el análisis del programa Radar, que reunió a autoridades nacionales y locales para examinar algunos de los principales desafíos que enfrenta el país.

Derechos humanos: brechas estructurales y violencia persistente

La Defensoría del Pueblo presentó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en Panamá, el cual revela profundas desigualdades en el acceso a servicios básicos como agua potable, salud y educación, así como altos niveles de violencia que afectan principalmente a poblaciones en condición de vulnerabilidad.

El defensor del Pueblo, Eduardo Leblanc, explicó que el documento recoge un análisis integral del año 2025 y expone problemas estructurales que impactan desde la niñez hasta la vida adulta.

“Tenemos brechas importantes que impactan desde la niñez, en la familia, en la educación, en el acceso a la salud, pero sobre todo tenemos problemas de violencia y de salud mental que tenemos que trabajar”, afirmó.

Leblanc reconoció avances puntuales, aunque insuficientes. “Se han dado pasos positivos, pero necesitamos todavía dar pasos más grandes y más rápidos”, sostuvo, al advertir que cerrar estas brechas tomará más de una década si no se adoptan políticas de Estado sostenidas.

Entre los déficits más críticos mencionó el acceso al agua. “No tenemos políticas a largo plazo de seguridad hídrica y manejo de nuestras cuencas”, dijo, insistiendo en que la falta de planificación compromete derechos fundamentales.

En materia educativa, alertó sobre el impacto acumulado de las crisis recientes. “490 días de clases se perdieron y no regresan”, señaló, lo que equivale a casi dos años de rezago en la formación de miles de estudiantes, con mayor afectación en áreas rurales y comarcales.

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Niñez afrodescendiente: violencia y discriminación

Durante el programa, la directora de Unidades Especiales de la Defensoría, Anna Karina Salerno, presentó los hallazgos del informe especializado sobre niñez y adolescencia afrodescendiente, elaborado con apoyo de Unicef.

Salerno reveló que el 51 % de los niños afrodescendientes vive situaciones de violencia o represión en el hogar, una realidad que, advirtió, tiene consecuencias a largo plazo. “Eso trae consecuencias para el desarrollo integral de sus habilidades como personas adultas”, indicó.

También denunció prácticas discriminatorias en el sistema educativo. “Muchos niños y adolescentes nos dijeron que sus propios profesores les generan esa sensación de discriminación por cómo se ven o cómo utilizan su cabello”, afirmó, pese a la existencia de normativas que lo prohíben.

Las brechas, añadió, se repiten en zonas indígenas y comarcales, donde el ausentismo y el abandono escolar están asociados a la pobreza y a la falta de servicios básicos. “Muchas veces dejan de ir a la escuela porque no tienen agua o luz permanente”, explicó.

Integración Minsa–CSS: eficiencia y atención universal

Otro de los ejes del programa fue el proceso de integración entre el Ministerio de Salud (Minsa) y la Caja de Seguro Social (CSS), una reforma que busca mejorar la eficiencia del sistema y garantizar una atención más equitativa.

El asesor del Minsa, Carlos Abadía, aclaró que la integración no implica la desaparición de instituciones, sino el aprovechamiento conjunto de recursos. “Es unir las fortalezas de ambas instituciones para ser más eficientes y disminuir sus debilidades”, explicó, comparándolo con “un matrimonio con bienes separados”.

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Abadía subrayó que el principal beneficio será la población. “El gran ganador va a ser toda la población, porque vamos a tener una atención universal”, afirmó, destacando que actualmente existen zonas del país donde viven asegurados sin acceso a instalaciones de la CSS.

Por su parte, el médico salubrista Juan Antonio Casas advirtió que Panamá invierte cerca del 6 % del PIB en salud, pero sin los resultados esperados. “Por esa inversión no se están obteniendo los resultados que se esperaría”, dijo, señalando brechas similares a países de bajos ingresos en áreas rurales y comarcales.

Casas sostuvo que la integración permitiría mejorar la atención primaria y reducir el gasto de bolsillo, que actualmente ronda el 40 %. “Eso es un indicador claro de falta de acceso y de eficiencia del sistema”, afirmó.

Ambos coincidieron en que el proceso debe blindarse legalmente y trascender los periodos de gobierno para generar cambios sostenibles.

San Miguelito: basura y reclamo por fondos

A nivel local, la alcaldesa de San Miguelito, Irma Hernández, expuso la crisis que enfrenta el distrito por el colapso del sistema de recolección de residuos, agravado por la disminución de la operatividad de la empresa Revisalud.

Hernández explicó que en diciembre la generación de basura aumenta entre un 40 y 50 %, pero la empresa redujo su cobertura hasta un 30 %. “Estamos con nuestro plan limpieza para mitigar esa ausencia del servicio”, dijo, al anunciar que a partir del 19 de enero operarán tres empresas de forma transitoria por seis meses.

Además, cuestionó la gestión de la tasa de aseo. “La empresa no solamente ha fallado en recoger mal la basura, ha fallado en que ha sido un pésimo recaudador de la tasa de aseo”, afirmó, indicando que la alcaldía asumirá un rol más activo en el cobro y fiscalización.

El representante Guillermo García coincidió en que el problema va más allá de la empresa recolectora. “La basura no viene de Marte, la basura viene de nuestras casas”, dijo, subrayando la necesidad de un cambio cultural, educación comunitaria y certeza de sanciones.

En cuanto a la descentralización, Hernández reclamó un trato equitativo en la asignación de recursos. “San Miguelito no ha recibido ni una llamada para indicarnos algún tipo de apoyo”, afirmó, pese a las múltiples necesidades del distrito.

Llamado a políticas sostenidas

Al cierre del programa, los panelistas coincidieron en que los informes y debates deben traducirse en decisiones concretas. “Somos la voz de la conciencia del ciudadano que no tiene esa posibilidad de levantar la voz”, expresó Leblanc, mientras Salerno recordó que la defensa de los derechos humanos “es una corresponsabilidad de todos”.

Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.