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Ciudad de Panamá, Panamá/En el programa Radar de este domingo 17 de agosto se abordaron temas sobre la agenda política y social de Panamá, tres de los más apremiantes para el país. Desde los pasillos de la justicia hasta los hogares más vulnerables, las conversaciones con invitados clave arrojaron luz sobre los desafíos que enfrenta la nación, poniendo en el centro del debate la transparencia, la equidad y la eficiencia gubernamental.
Se puso el foco en la controvertida decisión de la Corte Suprema sobre las jubilaciones de magistrados, los programas de ayuda social y su capacidad real para erradicar la pobreza, y la crucial fiscalización del servicio eléctrico. A través de las voces de los expertos y protagonistas, el programa ofreció una perspectiva sin filtros de los problemas que acaparan la atención pública y que exigen respuestas urgentes.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ha sido objeto de críticas por un acuerdo que otorgaba jubilaciones especiales a magistrados y jueces, generando un intenso debate sobre la legalidad y la transparencia del Órgano Judicial. Aunque posteriormente se suspendieron para los magistrados de la CSJ, el privilegio se mantiene para los jueces y magistrados de tribunales superiores.
El abogado Roberto Ruiz Díaz calificó la medida como un privilegio inconstitucional y señaló: “Yo invito a la Corte a que por lo menos haga efectivo primero esa decisión que adoptaron supuestamente en el Pleno, la plasmen en un acto administrativo... pero más allá de eso, ese acuerdo tiene que haberse eliminado por la paz social que ellos deben garantizar”.
Por su parte, el diputado de Vamos, Roberto Zúñiga, consideró la decisión una "desproporción total" y una "cachetada a los ciudadanos". La presidenta del Colegio Nacional de Abogados, Maritza Cedeño Vázquez, enfatizó que “la Corte tiene que recapacitar y tiene que dar una explicación de cuánto cuesta económicamente esto que han planteado".
El análisis de los programas de ayuda social reveló problemas persistentes en su implementación. La exministra de Desarrollo Social, Leonor Calderón, lamentó la falta de presupuesto para el acompañamiento social.
"Yo recuerdo todavía con frustración el día que yo pedí un crédito extraordinario que no llegaba ni a 200,000 dólares para poder garantizar en las áreas de remoto acceso el acompañamiento social necesario... y no apareció", dijo.
La directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Rossana Muñiz, señaló que han tenido que "poner en orden la casa" y que "estos programas están diseñados para situaciones gravísimas, es pobreza extrema extrema".
El consultor Jorge Giannareas fue enfático en que la solución a la pobreza va más allá de las transferencias monetarias, afirmando: "No las va a sacar de la pobreza [las transferencias]; es la economía la que va a sacar a las personas de la pobreza".
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En el sector eléctrico, la administradora de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez, explicó que no se está privatizando el servicio, sino que se licitará el 51% de las acciones del socio privado de las empresas distribuidoras.
La funcionaria reconoció que el principal problema ha sido el mantenimiento y la inversión. “Esto es un problema de mantenimiento y de inversión y es en lo que ahorita estamos enfocados, con ellos, de manera que puedan robustecer su línea”, señaló.
La ASEP busca fortalecer la fiscalización, y Rodríguez concluyó con un mensaje a la población: "Que confíen... que estamos trabajando para los panameños. Yo siempre digo que el cliente final es el eslabón más débil... y nosotros estamos por ellos".
Esta nota fue hecha con la asistencia de una inteligencia artificial y revisada por una periodista y un supervisor de información digital.