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Déficit y corrupción: los factores que podrían poner en peligro el grado de inversión de Panamá

Economía panameña

Ciudad de Panamá.
Ciudad de Panamá. / Foto cortesía: Pixabay

Panamá/La casa calificadora Fitch —una subsidiaria de la corporación Hearst, con base en Nueva York— confirmó el grado de inversión de Panamá como emisor de deuda, otorgando una calificación de BBB- a nuestro crédito, con perspectiva estable. En agosto pasado, S&P Global Ratings —anteriormente Standard and Poor’s— hizo lo mismo, confirmando su calificación del año anterior: BBB- con perspectiva negativa.

Fitch justificó el grado de inversión de Panamá “en su alto ingreso per cápita, un historial de sólido desempeño macroeconómico con altas tasas de crecimiento e inflación relativamente baja, respaldado por una ubicación y un activo estratégico,” refiriéndose al Canal de Panamá. Queda la duda de si el alto ingreso per cápita del país sería una distorsión causada por la división de grandes inversiones extranjeras entre la población en general.

Del lado de los retos económicos que enfrenta el país, y que podrían poner en riesgo su capacidad de pago, Fitch contabiliza varios: “una base de ingresos para el gobierno relativamente estrecha, un historial inestable de cumplimiento de sus objetivos de consolidación fiscal, susceptibilidad a las condiciones financieras globales debido a la dependencia del financiamiento externo e indicadores de gobernanza que están algo por debajo de la mediana 'BBB', particularmente el control de la corrupción”.

La importancia de la gobernanza

La gobernanza se refiere, según las Naciones Unidas, a las “estructuras y procesos que han sido diseñados para asegurar la rendición de cuentas, transparencia, responsabilidad, el Estado de derecho, la estabilidad, la equidad, la inclusión, el empoderamiento y la participación amplia”. La gobernanza, la responsabilidad fiscal y la estabilidad social están relacionadas e inciden en la capacidad de pago de una nación de su deuda pública.

El nivel de gobernanza en Panamá, y por ende, también una medida de la corrupción, no son computados por Fitch en este caso, sino por el Banco Mundial, reconociéndole al país su historial de transiciones políticas pacíficas, un nivel moderado de derechos para la participación de las personas en el proceso político y una moderada capacidad institucional. No obstante, la presencia de una corrupción, comparativamente de nivel medio en términos globales, en el país, podría poner en peligro la ejecución oportuna de limitados recursos fiscales, pesando sobre la calificación del crédito nacional.

Intentos de consolidación fiscal

Cuando Fitch menciona como un reto el historial inestable de cumplimiento de objetivos de consolidación fiscal se refiere a la política económica adoptada por esta administración, y las dos anteriores, de aumentar el límite del déficit que establece la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, para poder financiar la operación del Estado mediante deuda emitida en la forma de bonos internacionales. Este límite, postulado originalmente en 1.5% del producto interno bruto (PIB), restringe la cantidad de deuda que puede acumular el gobierno en un año, al mantener fija la relación entre su ingreso y gasto.

Esta cifra fue modificada hace dos administraciones, y desde entonces ha rondado cerca del 5%. En 2019, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, anunció que para el año corriente deseaba que el límite fuera de 2%, pero luego ocurrió la pandemia, optando el Gobierno Nacional por una impresionante elevación de la deuda pública para financiar los gastos operativos del Estado. Para 2020 el límite se elevó a alrededor del 10%, el año pasado fue de alrededor del 7.5%, este año va por 4% —Fitch espera que sea de 5.2%— y se planea que regrese a 1.5% para 2025, si no ocurre otro evento desestabilizador. Para referencia, cada punto porcentual del PIB es por alrededor de $620 millones, permitiéndose este año un déficit superior a los $2 mil millones.

También, en línea con lo anunciado por el ministro Alexander en varias intervenciones, la casa calificadora considera que el peso de la deuda nacional sobre el PIB disminuirá a cerca del 60%, para situarse próximo a la mediana de esta relación para los países BBB: 55.5%.

La inestabilidad social y la recuperación económica

Fitch hace particular mención de las protestas que sacudieron al país durante julio de este año como un elemento a notar para la evaluación del crédito nacional. Aunque Fitch reconoció que el gobierno “autorizó desembolsos por $200 millones para subsidiar el costo de la gasolina por tres meses, se comprometió a elevar la inversión en educación y busca reducir el impacto fiscal de estas medidas con recortes en el gasto corriente”, la casa calificadora “tiene visibilidad limitada sobre los prospectos para reformas que atiendan los indicadores sociales rezagados” del país, lo cual podría significar la ausencia de un plan claro para tratar las causas de una inestabilidad social que “podría incrementar las presiones para el gasto social".

Tal gasto social necesitará de un ingreso y aunque Fitch reconoce que la administración actual ha logrado gestionar bien la recaudación del ingreso disponible, la demora de la Asamblea Nacional en aprobar de forma pública el contrato con First Quantum Minerals en relación a la mina de cobre en el distrito de Donoso estaría impidiendo que Tesoro Nacional pueda disponer de las regalías mineras a las que tiene derecho.

Sobre la recuperación económica, Fitch opina que el país cerrará el año con un crecimiento del 9%, considerando que el rebote económico nacional ha sido robusto “luego de una profunda contracción de 18% en 2020”. Tal rebote inició, según los analistas de la casa calificadora, en los sectores de logística y minería, pero con la reapertura gradual del país, los sectores de construcción y comercio al por menor han regresado a ser motores económicos.

El sistema de pensiones

Un riesgo de particular importancia para Fitch es la situación del déficit del sub-sistema solidario del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte, cuyo rescate podría desviar fondos de la capacidad del país de pagar su deuda nacional, el objeto de evaluación de la casa calificadora.

Hoy día, según Fitch, el Tesoro Nacional paga anualmente alrededor de $140 millones, por ley, para robustecer la posición financiera del sub-sistema solidario, pero con el agotamiento próximo de las reservas del mismo, se espera que el déficit sea de $1,180 millones para 2024, costo que tendría que financiarse de alguna forma.

Y Fitch no ve aún solución al tema: “No esperamos que una reforma de pensiones sea aprobada en el corto plazo dentro de la administración actual, cuyo periodo termina en julio de 2024. Las elecciones presidenciales, en agenda para mayo de 2024, y la reciente inestabilidad social debilitan el apetito político para reformas de ajustes” en la edad de jubilación o el monto de las cuotas a pagar.

La bola de cristal

Hacia el futuro, Fitch considera que el crecimiento de Panamá rondará cerca del 4.5% en el corto plazo, pero todo dependerá de cómo el país enfrente los riesgos, entre ellos, la posibilidad de una ligera recesión en los Estados Unidos y la inclusión continua de Panamá en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional, aunque sobre esto, Fitch menciona que tal inclusión “no ha tenido efectos económicos negativos”.

En relación a la inflación, tema fuerte a nivel internacional, Fitch considera que la misma se encuentra disminuyendo en Panamá, luego de llegar a un máximo de 5.2% en junio, en parte, por los subsidios establecidos por la administración actual, además del robustecimiento del dólar, lo cual “contiene el riesgo de un regreso de la inflación”.

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