La mirada de la deuda pública panameña en el presupuesto 2023

Ciudad de Panamá, Panamá/Luego de varias disputas entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, se aprobó en tercer debate el proyecto de ley del presupuesto general del Estado para el próximo año. Se espera que el proyecto sea sancionado pronto por el presidente Laurentino Cortizo, luego de atender revisiones solicitadas por los diputados a su versión original. Para referencia, el año pasado el presupuesto fue sancionado el 29 de octubre, mientras que el año anterior a ése, fue el 13 de noviembre.

¿Qué establece tal proyecto sobre la deuda nacional para el próximo año?

El financiamiento

Según el presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional para el 2023 —que asciende a $27,579 millones— se planifica que el Gobierno Central obtenga $4,802 millones en ingresos financiados mediante el crédito nacional. De este monto, la mayor parte, $4,379 millones, vendrá de la emisión de bonos en el extranjero, mientras que $200 millones procederán de la venta de bonos en el mercado doméstico.

Los bonos internacionales de Panamá aún cuentan con el respaldo de las casas calificadoras internacionales —S&P Global, Fitch Ratings y Moody Investor’s Services— las cuales han mantenido calificaciones para los títulos nacionales en el rango del grado de inversión —BBB, BBB- y Baa2, respectivamente— aunque dos de estas casas, S&P Global y Moody’s, han advertido que la calificación de Panamá se podría ver afectada en el futuro, dependiendo, entre otras cosas, de cómo atienda la crisis financiera de la Caja de Seguro Social (CSS).

Tal situación podría generarle un costo al Tesoro Nacional de $2 mil millones anuales hacia el cierre de la década.

No obstante, la demanda por el crédito panameño aún es pujante, con el país recibiendo ofertas por más de $6,000 millones en enero del año corriente, cuando buscaba y logró colocar $2,500 millones en bonos.

Adicionalmente, otros $221 millones en deuda vendrán de préstamos de organizaciones internacionales de financiamiento, como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo de América Latina —antiguamente la Corporación Andina de Fomento— y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento. De éstos, el desembolso más grande lo hará el Banco de Desarrollo de América Latina, que financiará $55 millones para uso del Ministerio de Salud.

Pagos, interés y el saldo

El presupuesto aprobado por la Asamblea Nacional también dispone de pagos en relación a la deuda pública —su servicio— que totalizan los $4,347 millones. De éstos, $2,219 millones corresponden al pago de intereses y $2,128 millones a la amortización del capital emitido. Para referencia, el monto total del capital emitido asciende hoy día a $43,519 millones. Aunque no es la forma correcta del cómputo, se podría entender que Panamá estará pagando un interés de 5.09% sobre su deuda en 2023.

De esos $43,519 millones en deuda, la mayor parte corresponde a los bonos internacionales, con $26,011 millones como saldo de más de 15 emisiones de bonos aún vigentes, con fechas de vencimiento que van desde el 2024 hasta el 2063, según cifras de la base de datos públicos El Tabulario.

Uno de los años más pesados en cuanto al pago de bonos para Panamá, por ahora, será el 2036, con el vencimiento programado para ese año por más de $2,000 millones. Para referencia, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que, para ese mismo año, el déficit operativo del fondo del sub-sistema solidario de la Caja de Seguro Social será por más de $4,000 millones, generando necesidades de financiamiento por encima de los $6,000 millones para tal año, un costo equivalente a más de 4.5% del producto interno bruto (PIB) estimado por la OIT para ese entonces.

Del lado de las organizaciones internacionales de financiamiento, nuestro acreedor más importante es el Banco Interamericano de Desarrollo, entidad a la que debemos $4,224 millones, seguido de la antigua Corporación Andina de Fomento, con la cual mantenemos un saldo de $2,414 millones

Además, la deuda interna no es poca cosa: el saldo es de $7,912 millones, la mayor parte emitida en bonos y notas.

Considerando todo esto, ¿darán los números?

El cálculo

En una reciente entrevista, el exministro de Economía y Finanzas, Fernando Aramburú Porras, consideró que el aumento del presupuesto para 2023 es desmedido. “Estamos hablando de $3 mil millones más que el año pasado, estamos hablando de un porcentaje [de crecimiento presupuestario] del 12%, una economía que puede estar creciendo el próximo año al 5%, más una inflación del 3%, o sea que está por encima de lo que sería razonable. Es más, deberíamos entrar en un periodo de austeridad. No veo que haya austeridad”.

No solo el crecimiento del presupuesto a futuro —y por lo tanto su financiamiento mediante deuda— estaría fuera de proporción con el contexto doméstico e internacional, sino que también causaría que el gobierno sobrepase sus propios estándares presentes de endeudamiento. “No estoy seguro de que se va a poder cumplir con la meta de responsabilidad fiscal, que es del 3%, o sea estamos hablando de $2,100 millones de déficit, máximo, si queremos cumplir con la ley. Y tenemos que cumplir con la ley para mantener la calificación de riesgo. Es muy importante que Panamá mantenga la calificación de riesgo. A toda costa, Panamá tiene que hacer el esfuerzo”, dice el exministro.

Además, el presupuesto como está establecido deja muchas preguntas. “Hay un rubro en el presupuesto que se llama ajustes. Al final, como no cuadran las cifras, hay un rubro que se llama ajustes, por más de $900 millones. ¿Qué es eso? ¿Eso de dónde va a salir? Me da la impresión de que no está del todo balanceado [el presupuesto] y que la deuda puede ser mayor,” considera Aramburú Porras. “Si lo que están pensando es que no se va a ejecutar en su totalidad, o que va a haber un ajuste a mitad de año, bueno, pero que lo digan”.

“Además, otra cosa, no se ha incluido en el presupuesto el subsidio del combustible, pero tampoco se ha incluido lo que tiene que pagar la minera, que es otro tema. ¿Qué pasó con la minera? ¿Cuándo vamos a saber más de eso? Son temas que están todavía oscuros y que hacen que este presupuesto no esté completo. Hay muchas preguntas sobre el presupuesto”.

Sobre la gestión del crédito, Aramburú Porras indicó que el actual es “un gobierno que sigue gastando más de lo que debe, porque el presupuesto que crece 12%, con una economía que está recién recuperándose, con una deuda al nivel que tenemos, no parece razonable, aunque también tenemos que mantener la actividad económica”. Agrega el exministro: “Es un gobierno con una gestión que no es satisfactoria”.

La meta, en vez, debería ser contener el nivel de la deuda a largo plazo. “No podemos es dejar [que la deuda] suba más allá de ciertos límites. Debe mantenerse en el orden del 40% [del PIB]. Eso es lo que dice la ley, la ley que pactamos todos los panameños y que las casas calificadoras, los bancos y los inversionistas están mirando. Ahora estamos en más de 60%”.

Y los retos económicos, que afectarán la capacidad de pago, también son notables. Dice Aramburú Porras: “Todos los indicadores demuestran que hemos caído, hemos caído en competitividad, en facilidad para hacer negocios, el tema de la corrupción ha aumentado. Estamos entre los países con los niveles de corrupción más altos en Latinoamérica, en el mundo. Por lo menos así se nos percibe. No hemos podido salir de las listas grises. Todo esto juega en contra de un país como Panamá, que deberíamos —podríamos— estar ya llegando a un nivel de desarrollo. Pero para eso necesitamos mejorar mucho lo que es servicios públicos y lo que es la distribución del recurso del Estado a nivel nacional, no solo concentrarlo en la zona canalera, sino el interior”.