Moody’s: el diálogo por la CSS fue 'en vano'

Economía en Panamá

Edificio de la Caja de Seguro Social (CSS).
Edificio de la Caja de Seguro Social (CSS). / Foto cortesía: CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/Las tres principales casas calificadoras -S&P Global, Fitch y Moody’s- han publicado sus calificaciones correspondientes al año en curso, con dos de ellas sosteniendo una perspectiva negativa para la capacidad de pago del Gobierno de Panamá. Mientras que S&P Global ya había emitido su perspectiva negativa el año pasado, Moody’s —fundada en 1909 por el creador de la versión moderna de la calificación de deuda, el analista financiero John Moody— decidió reducir su perspectiva este año.

¿Por qué cambió Moody’s su perspectiva?

Un análisis ponderado

En su informe más reciente, Moody’s confirmó su calificación de Baa2 sobre la deuda pública de Panamá, correspondiente a la calificación BBB de la casa S&P Global que ostenta el país y una muesca o nivel por encima de la calificación BBB- que tiene la nación con Fitch Ratings. Pero Moody’s considera que pronto quizás podría poner su calificación a la par de la de Fitch.

Como razón para su perspectiva negativa, Moody’s explica que su decisión “refleja un incremento en las presiones fiscales que surgen de una rígida estructura [pública] de gasto relacionada a una tendencia alcista en los salarios, subsidios y pagos de interés”.

Tal rigidez del gasto se refiere, en parte, al mayor uso de la deuda nacional para financiar el pago de la planilla pública, además de las transferencias que debe hacer el Tesoro Nacional para mantener la viabilidad financiera del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja de Seguro Social (CSS). Este fondo, según cálculos de la Organización Internacional del Trabajo, necesitará aportes por encima de los $2 mil millones para el cierre de la década para poder continuar pagando a los pensionados que allí cotizaron.

Según la casa calificadora, “la falta de progreso en la reforma del sistema de pensiones […] representa una débil efectividad [del proceso de] políticas públicas, un elemento relacionado a la gobernanza dentro del esquema analítico de Moody’s. Aunque los prospectos de crecimiento económico de Panamá se mantienen favorables respecto a sus pares, Moody’s espera que el crecimiento del producto interno bruto [de Panamá] en los próximos años sea menor que antes de la pandemia. En este contexto de crecimiento menor, la inhabilidad de atender las presiones fiscales impediría una mejoría en las métricas de deuda” del país.

Similar a las otras casas calificadoras, Moody’s espera que la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) se reduzca y oscile alrededor del 60% en el mediano plazo, luego de alcanzar niveles no vistos desde antes de 2005, acercándose al 70% de cara a la pandemia del covid-19, según cifras de la base pública de datos El Tabulario. Para referencia, Costa Rica tiene una deuda pública de $44 mil millones, equivalente a 70% de su PIB, mientras que Colombia tiene una deuda pública de $175 millones, equivalente a 65% de su PIB. En Panamá, la deuda pública es de alrededor de $43 mil millones.

Pero, entre todas las dificultades que estos temas involucran, ¿cuáles son los detalles importantes a considerar?

Características del problema

Lo primero, en este caso, para mantener el buen crédito, es la premura. “El proceso de reducción del déficit,” dice Moody’s “se tornará cada vez más complicado debido al incremento de las presiones de gasto y la probabilidad en aumento de que el gobierno central tendrá que "proveer apoyo financiero a la seguridad social”.

Lo segundo, es la rigidez de gasto mencionada antes. “En relación a sus pares latinoamericanos y de grado de inversión, Panamá tenía una estructura relativamente flexible de gasto, con las inversiones representando un 37% del expendio del gobierno central entre 2010 y 2019. Esta característica proporcionaba flexibilidad presupuestaria, dándole a las autoridades la capacidad de sub-ejecutar el gasto en capital para cumplir con metas fiscales”. No obstante, esto cambió. La proporción de la inversión “declinó a 26% del expendio total para 2021, mientras que el gasto corriente incrementó, con los desembolsos a planilla, subsidios e intereses en constante aumento”.

La planilla del gobierno y los subsidios públicos tienen su propio análisis. La planilla ha pasado a ocupar 31% del expendio total en 2021, subiendo desde 20% en 2013, “impulsada por un crecimiento continuo de la fuerza pública de trabajo y aumentos salariales exigidos por reformas legales” mientras que “el gasto en transferencias, que incluye subsidios, se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2019 en alrededor de 20% el gasto total, pero se ha disparado desde la pandemia, llegando a 24% del gasto total”. A pesar de planes para reducir las transferencias, “una inflación más alta probablemente limitará tal reducción”.

Tercero, está el peso de la CSS. “El balance de la CSS entró en déficit en 2020 y se prevén balances negativos por el futuro previsible [y] de acuerdo a los propios cálculos de la CSS, el déficit del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte se continuará ampliando, consumiendo sus reservas entre 2023 y 2024”. El costo de tal déficit no será menor: “sin medidas correctivas, la CSS requerirá apoyo financiero del gobierno equivalente a más de 1% del PIB por año”.

Y cuarto, la capacidad administrativa. Según Moody’s: “En distintos momentos, administraciones sucesivas han discutido la necesidad de reforma del sistema de pensiones. A la fecha, virtualmente ningún progreso se ha hecho en cuanto a reformas. En 2021, el gobierno estableció un diálogo nacional para desarrollar recomendaciones para atender los problemas de la CSS. Esto fue en vano ya que las presiones derivadas del Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte se han intensificado”. Y esta falta de reformas “denota debilidades en la administración de las políticas públicas y representa un factor que, de no ser corregido, socavará poderosamente el perfil crediticio de Panamá, afectando sus prospectos de [emitir] deuda soberana”.

El balance y los retos

Entre tantos problemas, Panamá tiene varias cosas a su favor. “El perfil crediticio de Panamá está apoyado por prospectos favorables de crecimiento entre 2023 y 2025 relativo a sus pares de grado, con la actividad siendo principalmente impulsada por la reapertura de la economía, una creciente exportación minera y el desarrollo continuo de inversiones en infraestructura,” con la casa calificadora proyectando un crecimiento del PIB de 4.4% entre 2023 y 2025, por cada año, en línea con el 4.5% previsto por Fitch. Además, esta tasa de crecimiento, “aunque menor que el crecimiento promedio registrado entre 2013 y 2019 [por el país], excedería el promedio de 3% esperado para sus pares del rango general Baa”.

Estas ventajas “permitirían a Panamá mantener una relación deuda-PIB de alrededor del 60%, lo cual está aún por encima de la mediana del rango general Baa del 56%”.

También, Moody’s consideró que la fuerza institucional y de gobernanza era “moderada” o cerca del promedio, mientras que el esquema institucional que apoya tal gobernanza fue catalogado como “adecuado”, aunque indicó que el sistema tiene rezagos notables “en términos de control de la corrupción”.

Tales ventajas — y más— serán necesarias para que Panamá enfrente los retos que se avecinan. Moody’s vislumbra tres. Primero, “la disponibilidad de agua en las principales áreas urbanas y para el sector agrícola y el Canal de Panamá” agregando que “dada la importancia del Canal para la economía y las cuentas fiscales, la mitigación de los problemas relacionados al agua se mantendrá como un reto clave”.

Segundo, la disparidad de ingresos. “A pesar de tener uno de los PIB per cápita más altos [en] América Latina, Panamá tiene una alta desigualdad de ingresos […] particularmente significativa entre áreas urbanas y rurales”.

Y tercero, la educación. “Retos vinculados a la provisión y calidad de la educación establecen riesgos debido a la escasez de mano de obra calificada, lo cual pesa sobre el crecimiento de la productividad”.

Anotaciones finales

Las casas calificadoras no emiten recomendaciones tal cual, pero si asesoran sobre qué elementos podrían causar una mejoría de la calificación y cuáles podrían reducirla. Del lado positivo, Moody’s considera que podría modificar la perspectiva de Panamá a estable nuevamente en la medida que “la administración fiscal sea efectiva en atender las crecientes presiones de gasto” a través de “adoptar políticas que apoyen la fortaleza fiscal”, entre ellas, una reforma al sistema de seguridad social.

Del lado negativo, Panamá caería una muesca o nivel “si los esfuerzos de consolidación resultan insuficientes para prevenir un adicional deterioro en la fortaleza fiscal del país relativo a sus pares” agregando la casa calificadora que “si el crecimiento económico es menor a los estimados de Moody’s, esto pesará negativamente sobre las cuentas fiscales de Panamá”.

Al final de todo, Moody’s sí parece ofrecer una advertencia. Según la casa calificadora, existen en Panamá “tensiones sociales en aumento” que el país debe entender y atender. De no hacerlo, nos podríamos estar enfrentando a un “riesgo político”. Pero, ¿qué significa esta frase? Moody’s, por ahora al menos, prefiere no elaborar.

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