Presupuesto 2026: recortes, lamentos, ineficiencias y privilegios

Panamá/Dieciocho instituciones ya han participado de las vistas presupuestarias ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Esta nota no busca repasar cada caso, sino perfilar la situación general del proceso.

Ritmo

Existen cerca de cien instituciones estatales. Al ritmo actual de veinte por semana, se necesitaría cerca de un mes, a partir de hoy, para terminar.

Sin embargo, las vistas presupuestarias hechas hasta ahora corresponden principalmente a entidades menores, como el Sistema de Pensiones de Servidores Públicos (SIACAP) y la Autoridad de Recursos Acuáticos (ARAP).

Aún faltan los ministerios grandes como Educación y Salud, los cuales consumirán más tiempo por su complejidad. Esto extiende la proyección a cerca de cinco semanas a partir de ahora, salvo que los diputados de la Comisión de Presupuesto aceleren el paso.

El ritmo podría mejorar si la comisión se reuniera todos los días hábiles, a diferencia de la semana pasada, cuando no se reunió el viernes.

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Recortes

A mediados del año, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ordenó una contención del gasto por $1,900 millones, lo que forzó a varias instituciones a detener inversiones e incluso a revisar sus planillas.

Además, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitió una orden para cerrar el año fiscal antes del tiempo usual para poder cuadrar las cuentas del año con detenimiento, lo que redujo aún más la capacidad de ejecución de las distintas instituciones.

Por esto, la mayoría de las dieciocho entidades que han ido a la comisión coinciden en que sus presupuestos se han visto congelados o recortados, lo cual incluso promete limitar sus planes de inversión para 2026.

Existe una alta probabilidad de que la Comisión de Presupuesto pida aumentos para muchas de estas entidades, lo que podría llevar el presupuesto total del Estado por encima de los $35,000 millones.

Ejecución

Si algo es notable en el pensamiento de los funcionarios que se han apersonado a la Comisión de Presupuesto es la idea de que más dinero puede resolver los problemas de gestión ineficiente o deficiente.

La lógica gubernamental sugeriría lo contrario: si una institución tiene fallas, más fondos solo multiplican la ineficiencia.

Lo adecuado y fiscalmente responsable sería únicamente asignar más recursos a aquellas instituciones que son capaces de producir resultados con poco, para así afianzar la ejecución efectiva.

En cambio, por décadas se ha dado dinero primero y pedido eficiencia después, lo cual ha generado un presupuesto constantemente en alza sin que se puedan demostrar mejoras claras en educación, salud o seguridad.

A través del congelamiento del presupuesto operativo del Estado, además de la contención del gasto, el MEF bajo el ministro Chapman está intentando frenar esta dinámica. Aunque genera turbulencia, obliga a las instituciones a administrar mejor y demostrar capacidad.

No obstante, deberá enfrentar las solicitudes y manos extendidas de casi un centenar de entidades que consideran que una nueva ronda de aumentos resolverá sus problemas. Esto, a pesar de que muchas entidades están manejando los mayores presupuestos de su historia, pero sin aún entregar servicios de calidad a nivel general del Estado.

Lo cierto es que seguir aumentando la entrega de fondos sin exigir resultados amenaza al Tesoro Nacional y al grado de inversión del país, hoy ya en riesgo.

Privilegios

Durante las vistas presupuestarias, surgen muchos detalles que jamás serían conocidos por el público de no ser por el proceso de escrutinio.

Por ejemplo, el Tribunal Electoral reveló que estaría pagando parte del seguro de carros privados de sus empleados como complemento salarial, además de proveer servicios especiales de guardería y atención médica a sus funcionarios.

La diputada Janine Prado preguntó, con justa razón, por qué los funcionarios del Tribunal Electoral no usan el sistema público de salud. Y la respuesta del Tribunal fue que sus empleados trabajan horas extras y requieren de tal apoyo.

Pero esa lógica colocaría a tales funcionarios por encima del resto de los ciudadanos del sector privado, que también trabajan horas extra y requieren de apoyo pero no cuentan con un servicio de salud público decente.

En otras palabras, el Estado estaría pesando sobre la ciudadanía en general para aislar a sus propios funcionarios del sistema de salud que el Estado mismo provee, reconociendo la deficiencia de tales servicios.

Participación

Resulta necesario destacar a la diputada Janine Prado, de la coalición Vamos, ya que ha sido la única diputada que ha asistido y hecho preguntas en todas las vistas hasta ahora.

Varios de sus colegas no aparecen, mandan suplentes o solo llegan a las sesiones más populares para lucirse.

Esto resulta grave: el presupuesto es una de las leyes más importantes y requiere de la presencia constante de todos los comisionados principales. Al no asistir a todas las sesiones de forma puntual y participar en ellas, los comisionados no tienen una visión completa de dónde cortar o aumentar recursos.

Y tal situación se ve aún más agravada porque la propia Asamblea Nacional ha sido cuestionada por su manejo de fondos, incluso por la Contraloría General de la República.

No puede sino parecer contradictorio que una entidad que ha sido cuestionada en relación a su uso de fondos sea, en general, la encargada de la fiscalización del gasto público.

Guión

El patrón de las vistas se repite.

El director de la entidad llega a la comisión, presenta sus cifras y metas anuales y luego lamenta los recientes recortes del MEF.

Algunos diputados, con visión nacional, preguntan por tales ajustes, sus consecuencias y el uso eficiente de los fondos. Mientras tanto, otros diputados se concentran más en la obtención de beneficios locales para sus circuitos.

Este localismo resulta peligroso, ya que fragmenta la discusión y desvía la atención de un panorama nacional marcado por un severo déficit fiscal, la rigidez del gasto criticada por las casas calificadoras internacionales y un débil desempeño institucional.

Mora

Otro tema notable que ha surgido en las vistas presupuestarias es que varias instituciones deben prestaciones laborales, algunas desde hace más de cinco años.

Esto expone una contradicción: el Estado exige al sector privado cumplir con nuevas reglas de pensiones, pero él mismo incumple sus obligaciones.

Tal situación produce un incentivo negativo, ya que si el Estado no respeta sus propias leyes, no tiene la posición ética adecuada para exigir al sector privado el cumplimiento de las mismas.

Detalles

Cabe destacar dos últimos detalles. Primero, durante la vista presupuestaria del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, se reportó un déficit habitacional a nivel nacional de alrededor de 150 mil viviendas.

No obstante, el sistema de desarrollo de viviendas de tal ministerio registra una producción anual de entre mil y dos mil viviendas. A tal ritmo, no hay posibilidad de cerrar la brecha, por lo que la estrategia actual del ministerio debe ser revisada.

Y segundo, durante varias de las vistas se detalló la posibilidad de crear una pequeña ciudad gubernamental en las instalaciones del Ministerio de Obras Públicas en Albrook, donde se concentrarían los despachos de varios ministerios e instituciones descentralizadas. Hoy día, el Estado está en conversaciones con organismos multilaterales para el financiamiento de tal mudanza.