Afirman que el código minero de Panamá 'no es suficiente' ni satisface temas económicos y sociales
El Gobierno de Panamá abrirá un espacio de seis meses para consultas que permitan una nueva política minera.
Una de las principales preguntas en el país es ¿Hacia dónde debe ir la política minera en Panamá?
El abogado ambientalista Harley Mitchell dijo en el programa radial Mesa de Periodistas, que hay un problema de fondo en la política panameña que deriva en normativas jurídicas coherentes.
Agregó que no se está construyendo país sobre la arquitectura jurídica que ya existe y la estructura resultante no está soportando a nivel fiscal, administrativo y ambiental.
Según el abogado, la medida para abrir este espacio proviene de una iniciativa del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), en cuanto a la promoción, supervisión y guía de la actividad minera en Panamá.
Sostuvo que los recursos minerales son recursos del Estado, pero se observa solamente el punto de vista del promotor, en este caso el MICI.
Recalcó que la ley debe reglamentar para que de la actividad minera no se produzcan perjuicios económicos y sociales, pero el objeto de la consulta pública es de materia económica y no se evidencian los otros aspectos.
Para Mitchell, la seguridad jurídica es la certeza de que si operan en un país con leyes su cumplimiento puede brindar seguridad, pero el problema es que "las empresas que en los últimos años están desarrollando esta actividad no están cumpliendo la ley”.
Explicó que el Código de Recursos Minerales data de 1963, y uno de los grandes problemas son las regalías.
En este sentido, dijo que Panamá sigue teniendo un código minero que responde al siglo XX, "todavía con un tufillo al siglo XIX".
En tanto, dijo que este Código de Recursos Minerales no es suficiente y no responde las causas económicas ni sociales.
