Con proyecto de moratoria el Estado dejaría de cobrar $700 millones, según DGI

Luego que el pleno de la Asamblea Nacional aprobara en segundo debate el proyecto de ley No. 609 que modifica el artículo 15 de la Ley 66 de 17 de octubre de 2017, sobre la moratoria para el pago del Impuesto de Bienes Inmuebles, Luis González, vocero de la Dirección General de Ingresos (DGI), destacó que se han revisado proyecciones sobre cuáles serían los impactos negativos.

En tanto, se consideró que, si se habla de todos los impuestos, como aparece en el documento, la situación es peligrosa, pues se trata de $200 millones y sacrificar $700 millones, lo que el Estado dejaría de cobrar.

González dijo que se ha señalado que todos los tributos entrarían en esta moratoria, que para él sería “pan para hoy, hambre para mañana”.

Manifestó que en la última moratoria que hubo, que venció el pasado 31 de diciembre, se dio una recaudación total de $48 millones y un sacrificio fiscal de $24 millones.

Puntualizó que para nadie es un secreto que el panameño viene pagando, desde 1976, el impuesto más alto de la región.

“Nosotros reconocemos la poca comunicación que hay entre los sistemas de actualización, por lo que estamos de acuerdo en que se lleve a cabo una moratoria por el pago de impuestos de bienes inmuebles, pero la sorpresa es que fuimos a la Comisión, donde se nos dijo que había una ampliación sobre todos los impuestos, lo que la entidad rechaza”, resaltó.

Para González, esto afecta grandemente la recaudación, pues se menciona que se adiciona otros tributos, tasas únicas, impuestos sobre la renta, ITBMS, incluso cuota obrero patronal en materia de seguridad social.

“Yo no puedo golpear la recaudación del Estado basado en situaciones subjetivas, no conozco un estudio científico que dé lugar a la ampliación de la moratoria”, señaló.

González hizo un llamado a la Asamblea Nacional de Diputados a que coordine con el Ejecutivo. “Vamos a presentar documentación por qué nos oponemos en la Asamblea la forma en que se golpea las recaudaciones, y otros documentos”, detalló.

“De darse esto, se obligaría a la administración venidera que tenga la obligación de realizar reformas tributarias que perjudicaría a los que se avocan a una moratoria”, agregó.

Anteproyecto

Según el documento, los contribuyentes tendrán un periodo de seis meses para cancelar sin intereses las obligaciones, que producto de las actualizaciones, determine la DGI.

El artículo 15 del documento señala que esta moratoria tendrá vigencia hasta el 30 de junio de 2018, sin embargo, se puede extender hasta el 31 de diciembre de 2018, siempre que el contribuyente se encuentre en trámite de actualización de su valor catastral ante la Autoridad Nacional de Tierras (Anati) y el mismo no haya sido resuelto a la fecha señalada para la finalización de la moratoria, o que se encuentre el contribuyente tramitando ante la DGI, exoneración de mejoras o igualación de su exoneración.

El pasado 31 de diciembre de 2018 venció el plazo otorgado por el Gobierno Nacional para el pago de impuesto de bien inmueble sin recargos e intereses.