Anati declara zona de regularización y titulación masiva a Bajo El Piro y Juan Gil
La Anati reiteró que esta iniciativa tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de sectores vulnerables, brindándoles certeza legal sobre las tierras que ocupan, y fortalecer el ordenamiento territorial y el uso productivo del suelo.
Ciudad de Panamá/La Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) declaró como zona de regularización y titulación masiva de tierras a las comunidades de Bajo El Piro y Juan Gil, ubicadas en el corregimiento de San Martín, distrito de Panamá, provincia de Panamá, mediante la Resolución N.° ADMG-788-2025, del 18 de diciembre de 2025, publicada en Gaceta Oficial.
La medida busca garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra a familias que mantienen una posesión pacífica, evidente y comprobada, muchas de ellas dedicadas a la producción agraria.
De acuerdo con la entidad, se estima que el proceso beneficiará aproximadamente a 282 habitantes de Bajo El Piro y a unos 652 residentes de la comunidad de Juan Gil.
Según lo establecido en la resolución, el área a regularizar comprende una superficie aproximada de 81 hectáreas en Bajo El Piro y 101 hectáreas en Juan Gil. El proceso se desarrollará bajo la modalidad de titulación masiva, considerada de interés social y de orden público, por lo que no requerirá representación legal por parte de los beneficiarios y será ejecutado de manera expedita y sin costo.
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Anati informó que el proceso se realizará conforme a lo dispuesto en la legislación vigente sobre regularización y titulación de tierras, y contará con la participación de diversas entidades del Estado.
La resolución también ordena la suspensión temporal de todas las adjudicaciones individuales que se encuentren en trámite dentro de las áreas declaradas, por un período de 30 días hábiles, con el fin de realizar un inventario legal y catastral de los expedientes que tengan hasta cinco hectáreas, los cuales serán incorporados al proceso de adjudicación masiva.
Así mismo, se establece que los ocupantes de los predios deberán participar en las convocatorias públicas y en las etapas de exposición del proceso.
La inasistencia injustificada será interpretada como una renuncia definitiva a cualquier derecho sobre el inmueble, lo que permitirá la incorporación del terreno al patrimonio del Estado.