ANTAI capacitará a alcaldes y representantes de Veraguas en transparencia, ética y auditorías sociales
Para reforzar la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia, la ética y el rol que desempeñan las auditorías sociales como una iniciativa de gobierno abierto, el próximo 8 de julio, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Regional de Veraguas capacitará a los alcaldes y representantes de la provincia.
La capacitación forma parte del plan piloto de auditorías sociales que se ejecuta en esta provincia, como un mecanismo propio de la comunidad para la defensa del gasto social que realiza el gobierno, por intermedio de los gobiernos locales, en atención la Ley de Descentralización y la construcción de obras públicas.
Este proyecto iniciado en febrero pasado, ha logrado la capacitación de más de 600 personas y la conformación de 7 Comisiones de Auditoría Social, encargadas de dar seguimiento a la correcta inversión de los fondos públicos, para que las obras se construyan de acuerdo a lo planificado y presupuestado.
Esto, tal como lo establece el Reto de Transparencia 2019, que hace referencia a las auditorías sociales como mecanismo del monitoreo ciudadano del uso de recursos y bienes públicos.
Elsa Fernández Aguilar, directora general de ANTAI, destacó que es fundamental que las autoridades locales reconozcan el papel del control social, como un componente clave en su gestión.
En esta actividad formativa, se les expondrá a las autoridades locales los beneficios de la participación ciudadana en su gestión, donde la comunidad tiene un rol prioritario y trabaja de la mano de las instituciones para un manejo eficiente de los recursos, lo que genera confianza y, en consecuencia, una mayor gobernanza.
Sobre las auditorías sociales El Decreto Ejecutivo No. 10, de 8 de enero de 2017 dicta la responsabilidad que tiene la ANTAI para estas auditorías, cuyas comisiones se formarán con un mínimo de cinco personas en cada comunidad.
Dentro de las funciones de la Comisión de Auditoría Social está comunicar las irregularidades técnicas o de administración que detecten en la supervisión de la obra, así como las informaciones o denuncias que en este sentido reciban de parte de la comunidad.
Además, establece la obligación de los municipios de contar con una oficina de participación ciudadana.
