Apede considera que existen 'serios retrocesos en materia de transparencia' en proyecto de Ley de Transparencia

Panamá/ Mediante un comunicado, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) expresó su profunda preocupación ante el proyecto de Ley 1031 de 2023, presentado por el Órgano Ejecutivo ante la Asamblea Nacional de Panamá.

 Este proyecto busca derogar la Ley 6 de 22 de enero de 2002, conocida como la Ley de Transparencia, el cual ha sido fundamental para garantizar el acceso a la información pública en el país.

 En el escrito, Apede destacó la importancia del derecho al acceso a la información pública como una herramienta esencial en las repúblicas democráticas, permitiendo a los ciudadanos ejercer un control adecuado sobre el poder público.

 La Ley de Transparencia, vigente desde hace más de 20 años en Panamá, ha sido un pilar fundamental en la promoción de la democracia y la gobernanza.

 Señalaron que el proyecto de Ley 1031, en lugar de mejorar y actualizar la Ley de Transparencia, propone un nuevo sistema centralizado para el manejo de la información pública, otorgando amplia discrecionalidad a la Autoridad Nacional de la Transparencia y Acceso a la Información (Antai).

 Advirtieron que esta discrecionalidad va en contra de los estándares internacionales en la lucha contra la corrupción.

Apede señaló una serie de retrocesos en el proyecto, entre ellos:

1. Diluye la responsabilidad directa del funcionario que mantiene la información, a través de un sistema burocrático de Oficiales de Información que se deben crear en todas las instituciones públicas.
2. Si bien, mantiene el Habeas Data ante los Tribunales, modifica el régimen sancionatorio, atribuyéndoselo sólo a la Antai creando un proceso administrativo paralelo de incumplimiento, en el que las sanciones consisten en multas inferiores a las existentes. 
3. Se contempla la apertura del proceso de incumplimiento por la vía de Antai, lo que no se adecúa al artículo 44 de la Constitución Nacional, donde claramente se establece que el Habeas Data es competencia de los tribunales. Darle otro nombre al mismo proceso, no lo hace menos inconstitucional.
4. Con relación al sistema de excepciones a la transparencia, el anteproyecto restringe una serie de información pública y no queda claro si crea dos tipos adicionales de excepciones, la de información reservada y la confidencial. En la actual Ley 6 existen dos tipos, las de acceso restringido, que prescriben a los 10 o 20 años y las de información confidencial por tratarse de datos personales.
5. Le otorga a la Anati la potestad de ser la institución garante de la transparencia y del acceso a la información pública en toda la República de Panamá, lo que resulta inapropiado ya que hoy día es un organismo unipersonal cuyo director es nombrado cada cinco años por el presidente de la República. Esto le abre la puerta a la arbitrariedad y al control. El modelo 2.0 de la OEA que citan como base, contempla características totalmente diferentes ya que debe ser un órgano colegiado de por lo menos cinco miembros, designados de manera escalonada.

 

Ante esta situación, Apede hizo un llamado al Ejecutivo para que retire el proyecto de Ley 1031 de la Asamblea Nacional y promueva una amplia discusión sobre este tema, que está regulado en la Constitución.

También instó a los Diputados de la Asamblea Nacional a suspender el debate del proyecto de Ley 1031 hasta que se realice un análisis exhaustivo de sus implicaciones en la transparencia y la democracia en Panamá.

Hasta ahora, más de 20 organizaciones y gremios civiles, laborales, periodísticos, entre otros, se han manifestado para solicitar que se retire dicho proyecto por ser un 'retroceso' en el acceso a la información pública y por incumplir con estándares internacionales.