Avanza en la Asamblea propuesta que aumenta hasta 20 años la inhabilitación penal a empresas ligadas a corrupción

Panamá/En la Asamblea Nacional avanza la propuesta que endurece las sanciones en contrataciones a empresas condenadas por actos de corrupción. Esto ocurre luego de que la Comisión de Economía y Finanzas prohijara el anteproyecto de ley 113, que modifica la Ley 22 de 2006 sobre contratación pública y la Ley 14 de 2007 que adopta el Código Penal, con el objetivo de reforzar los mecanismos de transparencia y cerrar las brechas que han permitido a compañías vinculadas a casos de corrupción seguir contratando con el Estado.

En la actualidad, la inhabilitación en contrataciones públicas se mide en un plazo de 10 años hacia atrás desde el acto público. Con esta propuesta se mantiene ese parámetro en el ámbito administrativo, pero en el Código Penal se endurece la sanción, llevando la inhabilitación para contratar con el Estado hasta 20 años en casos graves.

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Dicha iniciativa fue presentada por el diputado de Vamos, Augusto Palacios, quien destacó que “la contratación pública es una de las actividades más relevantes y sensibles del Estado (…) garantizar la transparencia, integridad, eficiencia y eficacia en estos procesos fortalece la seguridad jurídica necesaria para el desarrollo económico en todos los sectores”.

Agregó que “la corrupción en la contratación pública desincentiva la inversión, distorsiona la competencia y debilita la confianza en las instituciones, generando un impacto negativo en el desarrollo económico y social del país”.

De hecho, la propuesta cita al Índice de Percepción de la Corrupción 2024 de Transparency International, donde Panamá obtuvo 33 puntos sobre 100, ubicándose en la posición 114 de 180 países. También se incluye un informe de la UNODC, que estima que la corrupción en contrataciones públicas puede generar sobrecostos de entre 15 % y 25 % en los proyectos.

Inhabilitaciones más severas

El proyecto modifica el artículo 24 de la Ley 22 de 2006 sobre “incapacidad legal para contratar”. Entre las nuevas disposiciones, se establece que no podrán contratar con el Estado las personas naturales o jurídicas que:

• “Hayan sido condenadas, en los 10 años que anteceden a la convocatoria del acto público, por sentencia judicial definitiva por la comisión de delitos contra la administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico y delitos contra la fe pública”.
• “En los 10 años que anteceden a la convocatoria del acto público, hayan celebrado acuerdos de colaboración eficaz con retiro de cargos o acuerdos de pena, reconociendo la comisión de delitos contra la Administración pública, delitos contra el orden económico, delitos contra la seguridad colectiva, delitos contra el patrimonio económico o delitos contra la fe pública”.

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El anteproyecto también crea el artículo 24-A, que obliga al Órgano Judicial a remitir mensualmente la Dirección General de Contrataciones Públicas un listado actualizado de personas naturales o jurídicas condenadas o con acuerdos judiciales, con el fin de depurar de manera efectiva a los contratistas del Estado.

Reforma al Código Penal

En materia penal, la propuesta endurece las sanciones a personas jurídicas utilizadas para delinquir. El artículo 51 del Código Penal quedaría así:

• “Inhabilitación para contratar con el Estado, directa o indirectamente, por un término de 10 a 20 años según la gravedad del delito o concurso de delitos”.
• Entre otras sanciones, se incluye la cancelación de licencias, la disolución de la persona jurídica, y multas que podrían llegar “al doble de la lesión o del beneficio patrimonial”.

Segunda vez que se impulsa el tema

Esta es la segunda ocasión en que el diputado Palacios impulsa una propuesta para fortalecer la Ley de Contrataciones Públicas. En el periodo pasado, el tema no logró concretarse en ley.

“Es imperativo que actuemos con decisión y valentía para construir un Estado más justo y equitativo, donde los recursos públicos sean utilizados de manera eficiente y en beneficio de todos los ciudadanos”, recalcó el diputado en su exposición de motivos y ante los diputados de la Comisión.

Tras ser prohijado por la Comisión de Economía y Finanzas, el proyecto pasará ahora a primer debate en esa instancia legislativa.