Diputado Cedeño reconoce deuda pendiente en protección a denunciantes y explica por qué rechazó el proyecto
El diputado Ernesto Cedeño señaló que el Estado no debería usar fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios de alto nivel.
La ley de protección a denunciantes ha sido rechazada en segundo debate, un revés que el diputado Ernesto Cedeño atribuyó a inconsistencias constitucionales. Cedeño explicó su voto en contra, a pesar de reconocer que Panamá tiene una deuda pendiente en la protección de quienes denuncian actos de corrupción.
Cedeño indicó que, aunque considera que Panamá tiene una deuda en la protección a los denunciantes, su voto en contra se debió a inconsistencias constitucionales. El diputado indicó que él mismo presentó una iniciativa previa para modificar el Código Judicial y prohibir el secuestro de bienes a denunciantes y medios de comunicación, pero fue rechazada en la Comisión de Gobierno.
“Yo presenté una acción para modificar el código judicial que prohibía el decretar secuestro de bienes en los siguientes casos. Uno, a las personas que denuncian actos de corrupción, de arbitrariedad o de violación en la ley, a los activos y bienes en los medios de comunicación social, porque yo pensé que ahí es donde viene el acoso, tanto a los medios periodistas y al denunciante, pero esa iniciativa mía no fue prohibida en la Comisión de Gobierno”, señaló el diputado.
Según Cedeño, ya existe una normativa de protección a víctimas y testigos en el Código Procesal Penal (artículo 332), que incluye fuero laboral para evitar despidos. Aseguró que el problema no es que la ley no exista, sino que "no se aplica" por falta de conocimiento o acción de los denunciantes, quienes deben solicitar la protección al fiscal.
Sobre una iniciativa legislativa que presuntamente buscaba proteger a quienes denuncian irregularidades en la administración pública y el sector privado de represalias laborales y administrativas, Cedeño afirmó que esa afirmación es incorrecta. Subrayó que la norma existente (artículo 332 del Código Procesal Penal) ya establece el fuero laboral y otras medidas de protección. Explicó que la propuesta rechazada, el anteproyecto 131, solo pretendía blindar a los denunciantes en aspectos administrativos y patrimoniales, pero no fortalecía la protección en el ámbito penal, que ya existe.
El diputado señaló dos puntos principales de inconstitucionalidad en la propuesta inicial:
El proyecto pretendía otorgar a entidades como la Contraloría General de la República, la Fiscalía de Cuentas y la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información la facultad de aplicar medidas de protección, lo cual, según el artículo 280 de la Constitución, no es una función de la Contraloría.
Cedeño denunció que durante el segundo debate se introdujeron "camarones", es decir, artículos que no fueron debatidos en el primer debate, lo cual es contrario a la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, citando un fallo previo en el que él mismo fue parte demandante.
Sobre destitución en la AIG
Sobre el caso del exsubdirector de la Autoridad de Innovación Gubernamental, quien fue "sacado del sistema" después de denunciar un presunto acto de corrupción, Cedeño reconoció el caso como un ejemplo de lo que sucede en el país y reiteró que, aunque existe la protección legal, el denunciante debe solicitarla formalmente al Ministerio Público o al fiscal de la causa. Enfatizó que la ley actual permite que el fiscal decrete la protección si considera que la seguridad del denunciante está en riesgo.
Póliza para altos funcionarios de Etesa
Sobre la póliza de seguro de responsabilidad civil que la Empresa de Transmisión Eléctrica está buscando para sus directores y gerentes, el diputado calificó la acción de Etesa como "totalmente inadecuada" y "miserable". Argumentó que el Estado no debería usar fondos públicos para pagar seguros privados a funcionarios de alto nivel, lo que considera una forma de discriminación frente a la mayoría de la población que no tiene acceso a servicios de salud o responsabilidad civil pagados por el Estado.
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Cedeño indicó que presentó un anteproyecto de ley para prohibir esta práctica y se comprometió a continuar luchando por el uso justo de los fondos públicos.
