Diputados proponen voto de censura contra el canciller Martínez-Acha por memorándum con EEUU

Ciudad de Panamá/La Asamblea Nacional fue escenario de una nueva controversia política tras la lectura de una resolución presentada por la diputada Janine Prado, jefa de bancada de la coalición Vamos, en la que se solicita un voto de censura contra el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha.

La iniciativa respaldada por diputados de varias bancadas legislativas busca cuestionar oficialmente la firma de un Memorándum de Entendimiento entre el Gobierno de Panamá y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, suscrito el pasado 9 de abril de 2025, el cual —según la resolución— atenta contra la soberanía nacional, la defensa del Canal de Panamá y el Tratado de Neutralidad Permanente.

Según el texto, el memorando fue firmado sin cumplir con la normativa constitucional panameña, al no ser aprobado por la Asamblea Nacional ni sometido a un referéndum nacional, como establece el artículo 325 de la Constitución, cuando se trata de acuerdos que afectan directamente el Canal de Panamá o su zona adyacente.

• Te puede interesar: Canciller Martínez-Acha rompe el silencio y rechaza críticas sobre la situación diplomática del país

Además, se advierte que el documento otorga facultades al personal y contratistas de EE.UU. para utilizar instalaciones panameñas y designar zonas de uso exclusivo, permitiendo el acceso con solo una notificación al Ministerio de Seguridad Pública.

El documento cita precedentes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en casos como Qatar vs. Bahrein (1994) y Nigeria vs. Camerún (2003), donde memorandos o minutas fueron considerados tratados internacionales vinculantes, reforzando el argumento de que este memorando debió pasar por los procesos legales correspondientes.

La resolución invoca el numeral 7 del artículo 161 de la Constitución Política, que faculta a la Asamblea para censurar a los ministros de Estado cuando hayan incurrido en actos atentatorios o errores graves contra los intereses del país.

También cita el artículo 7 de la Ley 28 de 1999, que define al ministro de Relaciones Exteriores como la máxima autoridad diplomática, responsable de ejecutar la política exterior conforme a las directrices del Presidente.

Se agrega además que, de acuerdo al artículo V del Tratado de Neutralidad Permanente, solo la República de Panamá puede ejercer funciones de defensa sobre el Canal, lo que el memorando habría comprometido.

• Nota relacionada: Gobierno publica detalles del memorándum de entendimiento con EEUU y asegura que no atenta contra la soberanía

“Este acuerdo excede los límites de una cooperación ordinaria”, señala el documento, agregando que equivale en la práctica a un tratado internacional, lo que habría requerido no solo la aprobación de la Asamblea, sino incluso una ratificación por referéndum nacional en algunos aspectos.

Prado sustentó la iniciativa amparándose en las facultades que otorgan tanto la Constitución Política de la República como el Reglamento Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea, que permiten ejercer control político sobre miembros del gabinete.

La resolución no solo denuncia el contenido del acuerdo, sino que lo sitúa dentro de un contexto internacional. Se hace referencia a fallos de la Corte Internacional de Justicia, como los casos Qatar vs. Bahrein (1994), Nigeria vs. Camerún (2003) y Somalia vs. Kenia (2017), en los que documentos similares —memorandos, minutas, declaraciones— fueron considerados tratados vinculantes.

“Dar voto de censura al señor Ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez Acha, en su gestión a cargo de este ministerio bajo la causal de actos atentatorios y errores graves en perjuicio de los intereses del Estado", finaliza la resolución.

Para que este voto censura debe ser aprobado por el pleno de la Asamblea, además debe seguir una serie de requisitos para presentarse:

• Ser presentada por escrito.
• Contar con la firma de al menos la mitad de los diputados.
• Ser presentada con al menos seis días de anticipación al día en que se va a debatir en el pleno.

Y es que, no basta con anunciarla o leerla en el pleno; para que el voto de censura pueda debatirse oficialmente, tiene que cumplir con esos pasos previos establecidos en el Reglamento Interno o la Constitución.

De ser aprobada, la censura al Canciller representaría un fuerte golpe político para el Ejecutivo, aunque no implicaría su destitución automática. Sin embargo, marca un precedente importante en el ejercicio del control político desde la Asamblea sobre las relaciones exteriores del país.