Auditoría de mina de cobre en Donoso divide posiciones: ambientalistas cuestionan alcance y sector minero destaca resultados

Panamá/La auditoría integral realizada al proyecto Cobre Panamá, que otorgó una calificación global de 87.73 sobre 100 e identificó 10 componentes críticos que requieren monitoreo permanente y 26 riesgos asociados al actual Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS), ha traido posiciones encontradas entre organizaciones ambientales y el sector minero.

Para el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), el informe no respondió a las expectativas de amplios sectores de la sociedad. Su directora ejecutiva, Lilian González Guevara, afirmó que "esta no es la auditoría que demandaba la población panameña".

González sostuvo que el alcance del estudio fue reducido respecto a la propuesta sometida a consulta pública y cuestionó que, salvo la verificación de los planes de reforestación, la empresa auditora no realizara análisis y mediciones propias.

Diversas organizaciones ambientales lo venían advirtiendo desde septiembre del año pasado. El alcance de la auditoría fue desmejorado respecto al sometido a consulta pública ocho meses antes. Con excepción de la verificación de los planes de reforestación, la contratación excluía de manera expresa la realización de análisis y mediciones por parte de la empresa auditora", dijo.

Señaló que, "por eso no es de extrañar que el informe final se apoye fundamentalmente en los análisis de la propia empresa minera y que los documentos que indica el informe sirven de respaldo no hayan sido puestos a disposición del público".

González también cuestionó la falta de publicación del Anexo 18 y aseguró que la participación ciudadana prevista en la Resolución de Gabinete 19 de 2024 no se ha materializado.

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"La participación pública también es una gran ausente", expresó, al señalar que el Gobierno se encuentra en incumplimiento de la resolución que ordenó la auditoría y establecía mecanismos de veeduría ciudadana.

Del otro lado, el presidente de la Cámara Minera de Panamá, Severo Sousa, valoró positivamente la culminación del proceso y destacó la trayectoria de la firma SGS Panamá Control Services Inc., encargada del estudio.

"Hemos recibido con mucho agrado la culminación de la auditoría (...) SGS Panamá Control Services Inc. es una de las dos certificadoras internacionales más reconocidas. Esta auditoría no fue realizada por cualquiera", indicó.

Sousa aseguró que el respaldo técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF aporta "un aire de independencia y de seriedad al tema, que es muy importante".

Añadió que se trata de una auditoría "como no se había hecho antes en la industria" y que, a su juicio, establece estándares internacionales para futuras operaciones.

Esto es un material muy extenso, hay que hacer mucho análisis, tenemos una mesa conformada con técnicos, tanto en lo legal como en lo social, lo económico y ambiental, para que nos den su análisis al respecto". dijo Sousa.

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El dirigente empresarial destacó que la evaluación de 87.73 obtenida por el proyecto representa "una calificación muy buena a niveles internacionales" y afirmó que ello "nos da mucha tranquilidad de que lo que se estaba haciendo no era tan malo como se planteaba".

Sobre el componente ambiental, sostuvo que el informe demuestra que "no hay ese tipo de contaminación exagerada ni existe con ácido sulfúrico ni mercurio ni nada de esas cosas", aunque reconoció que existen áreas sujetas a mejoras.

Explicó además que algunos incumplimientos detectados están asociados al cierre abrupto de la mina y puso como ejemplo la acumulación de material rocoso, situación que, según dijo, no se presentaría si el proyecto estuviera operando.

Ante las críticas de grupos ambientalistas, Sousa defendió el alcance del estudio. "No es la auditoría que esperaban algunos de esos ambientalistas, en todo caso, pero es una auditoría bastante integral que contempla aspectos económicos, sociales y ambientales", afirmó.

Insistió en que el documento ofrece "una radiografía técnica" que permitirá al Gobierno determinar "si el proyecto como tal es tan perjudicial, como decían algunos de esos ambientalistas o no lo es, como lo dice o lo reafirma la auditoría".

El presidente de la Cámara Minera también pidió que las conclusiones del informe sean explicadas en un lenguaje más sencillo para facilitar su comprensión por parte de la ciudadanía.

La auditoría no es un veredicto. La auditoría es una base técnica para que el Gobierno nacional pueda tomar una decisión lo más acertada posible en beneficio del país", señaló.

Asimismo, consideró que el documento no debe quedar archivado. "Nosotros no esperamos que quede en el aire", dijo, al expresar su confianza en que la comisión interministerial encargada de analizar el informe formule recomendaciones al presidente José Raúl Mulino para la toma de decisiones.

El viernes 19 de junio, el equipo interinstitucional creado por el Gobierno para atender el futuro de la minería a cielo abierto recibió el informe final de la auditoría, compuesto por 15 tomos y cerca de 20 anexos.

Este medio contactó al Ministerio de Ambiente para conocer su opinión, pero al cierre de esta nota no había respuesta. El ministro Julio Moltó, coordinador de la comisión interministerial encargada de analizar el documento, señaló al recibir el documento, que primero estudiarían el informe antes de ofrecer declaraciones.

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El informe

El estudio, elaborado por un costo de 539,791 dólares, advirtió que la estabilidad del proyecto dependerá del monitoreo permanente de componentes sensibles, como la presa de relaves, las aguas superficiales y subterráneas, la biodiversidad y los programas de restauración ecológica.

Entre los resultados del informe de auditoría se destaca que el componente de Evaluación de la Aplicación de Estándares Técnicos y Operacionales obtuvo la mayor puntuación, con 90.20 puntos, reflejando prácticas operativas consolidadas, mientras que el componente de Cumplimiento Ambiental alcanzó una calificación de 87.64, evidenciando un adecuado nivel de cumplimiento de las obligaciones y compromisos ambientales aplicables al proyecto.

Pese a estos resultados, la auditoría también detectó áreas con rezagos. Entre ellas destacan los programas de reforestación, restauración ambiental y reintroducción de especies, cuyos niveles de cumplimiento oscilaron entre 40.70% y 45.70%.

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