Auditorías a gobiernos locales avanzan al Ministerio Público mientras la Contraloría mantiene la lupa sobre la Asamblea

Ciudad de Panamá, Panamá/La Contraloría General de la República mantiene abiertas varias auditorías sobre el uso de fondos públicos, especialmente en gobiernos locales, empresas donde el Estado es socio y la Asamblea Nacional, según reiteró el contralor Anel Flores.

El funcionario indicó que varios expedientes derivados de auditorías a gobiernos locales ya fueron remitidos al Ministerio Público, donde se investigan posibles irregularidades en el manejo de recursos estatales.

Flores explicó que estos procesos toman tiempo debido a la necesidad de comprobar con certeza si existió daño patrimonial antes de proceder con acciones legales.

“Tenemos muchas auditorías concluidas en el Ministerio Público. No se trata de meter gente presa por meter gente presa, sino de verificar con certeza si hubo mal uso de los dineros públicos”, afirmó.

Según el contralor, en la mayoría de los casos investigados se han encontrado pruebas contundentes de irregularidades, aunque también se han registrado situaciones en las que los funcionarios lograron justificar el uso de los fondos.

Caso Panama Ports y revisión de empresas con participación estatal

En cuanto a la auditoría realizada al contrato entre el Estado panameño y Panama Ports Company (PPC), Flores recordó que la investigación fue iniciada el 15 de enero de 2025 y sus hallazgos llevaron a la Contraloría a presentar dos demandas ante la Corte Suprema de Justicia: una de nulidad y otra de inconstitucionalidad.

El fallo del máximo tribunal declaró inconstitucional el contrato, lo que abrió paso a las decisiones posteriores del Gobierno para la administración temporal de los puertos y el proceso de licitación.

El contralor aseguró que la institución ya cumplió su función al revelar las irregularidades detectadas.

“Encontramos cosas que no eran correctas para el país y actuamos como manda la ley para proteger los recursos de los panameños”, señaló.

Además, informó que actualmente se desarrollan auditorías a otras dos empresas donde el Estado panameño mantiene participación accionaria, como parte de un proceso de revisión de las relaciones entre el Estado y sus socios privados.

Flores explicó que la revisión se originó tras detectar una disminución en los dividendos que recibe el Estado.

Según detalló, en 2015 Panamá recibió 115 millones de dólares en dividendos de estas empresas, mientras que en 2024 la cifra bajó a 83 millones, pese a que en ese mismo periodo el Producto Interno Bruto del país creció en unos 30 mil millones de dólares.

“Para mí era incongruente ver cómo se reducía la participación del Estado en esos ingresos mientras el país crecía”, afirmó.

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Contraloría revisa gastos y asistencia en la Asamblea

Respecto a la Asamblea Nacional, el contralor señaló que se mantiene el monitoreo del manejo presupuestario del órgano legislativo.

Flores indicó que, aunque se han detectado incrementos en la cantidad de funcionarios, estos no necesariamente se reflejan en aumentos salariales, sino en la contratación de personal con remuneraciones menores.

El funcionario también confirmó que la Contraloría solicitó una opinión legal a la Procuraduría General de la Administración sobre el sistema de control de asistencia en la Asamblea, especialmente en relación con las excepciones que permiten a algunos funcionarios no marcar entrada o salida.

“El que no marca, no cobra. No creo que nadie pueda decidir quién marca y quién no”, sostuvo.

El contralor aseguró que, una vez exista un pronunciamiento legal de la Procuraduría, se podrán adoptar medidas para garantizar controles más estrictos en la asistencia de los funcionarios legislativos.

Mientras tanto, la Contraloría reiteró que continuará con las auditorías en distintas instituciones y empresas donde el Estado tiene participación, con el objetivo de asegurar el correcto uso de los recursos públicos.