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Arraiján, Panamá Oeste/Sin la presencia de la alcaldesa de Arraiján, Stefany Peñalba, ni de sus subalternos, se desarrolló la última sesión del año del Concejo Municipal de ese distrito.
Durante la sesión, la presidenta del Consejo Municipal, Luzdenia Oliver, dejó claro que ni el Concejo ni la comunidad estaban informados sobre la demolición del monumento conmemorativo de los 150 años de la presencia china en Panamá. Según explicó, la alcaldesa les indicó vía telefónica que la resolución mediante la cual se creó el monumento no fue renovada.
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Peñalba ha sido denunciada por abuso de autoridad y contra el patriminio histórico de la Nación, por lo cual piden su separación del cargo, luego de que la noche del 27 de diciembre ordenara la demolición del monumento. Desde ese hecho, no se le ha visto en actividades públicas y toda la información que ha brindado ha sido a través de sus redes sociales.
Ante la ausencia de la alcaldesa, Oliver confirmó que sostuvo una conversación telefónica con ella este mismo día.
Yo conversé el día de hoy con ella vía telefónica, en el que me reiteró lo que le informé anteriormente: que ella mantiene su posición de que lo hizo por seguridad, por el daño estructural que había en esas instalaciones, y que en ningún momento nosotros tenemos algo que ver en esto, puesto que nosotros desconocíamos los hechos que se dieron. Fue para nosotros una sorpresa, como para el resto de la comunidad, ver que se había derribado”, expresó la presidenta del Consejo.
Añadió que solicitó a la alcaldesa que ofreciera declaraciones a los medios de comunicación. Sin embargo, esta le indicó que la motivación de la acción fue precisamente la condición estructural del monumento.
En la sesión tampoco estuvo presente ningún representante de la Alcaldía de Arraiján. “No, no, no vinieron, de verdad que no, y desconozco por qué. El ingeniero mandó su nota, su excusa, pero no así los demás funcionarios que debieron estar. No sé qué pasó, porque no llegaron a venir”, manifestó Oliver.
La presidenta del Concejo dejó claro que aún no han sostenido una comunicación presencial con la alcaldesa ante el pleno del Consejo. “No, no lo tenemos y esperamos que nos pueda decir. Aunque, bueno, como ella dice que ya asumió la responsabilidad, con una responsabilidad de ella, pienso que tampoco lo iba a hacer”, señaló.
Al ser consultada sobre si podría existir un “chivo expiatorio” o si hay alguien más detrás de la decisión, Oliver respondió que no se atrevería a afirmarlo.
Yo sé que, aparte de que esto se hizo de esa manera, la señora alcaldesa tiene un plan estratégico de recuperación de áreas de servidumbre, del cual ustedes tienen conocimiento. No sé si esto guarda relación con eso, pero no le podría informar porque no tengo esa seguridad”, indicó.
Sobre si el manejo de la situación fue el adecuado, Oliver consideró que no. “No considero que haya sido el manejo adecuado. Quizás lo que faltó fue comunicación. Ella dice que la concesión había terminado, que no se renovó y que debía renovarse, pero sí pienso que debió informarnos a nosotros y a la otra instancia. Incluso a la comunidad se le pudo haber informado”, agregó.
Algunos representantes como Raquel Murillo y Noris Quintero manifestaron su insatisfacción ante la decisión de la alcaldesa.
Por ejemplo, Quintero indicó que "hay maneras de hacer las cosas. Ella debió hablar y llevar el tema al Concejo. Existen formas adecuadas de proceder y debieron tomarse otras decisiones". Dijo , además, que le preocupa lo que está ocurriendo y que "la alcaldesa sea más clara, porque es un asunto que concierne a todos”.
La presidenta del Consejo Municipal confirmó además que el Ministerio Público solicitó información relacionada con el caso.
“El Ministerio Público fue al Concejo y pidió información. Ya nosotros remitimos las preguntas que nos están haciendo y todo lo que a nosotros corresponde en ese tema. Ya están haciendo las investigaciones pertinentes y estamos a la espera de los resultados que se tengan que dar”, planteó.