Solicitud de asilo de Saúl Méndez ya está en manos de la Cancillería boliviana; tienen 90 días para decidir
Durante la madrugada de este miércoles, Saúl Méndez ingresó a la embajada de Bolivia en Panamá.
Panamá/La solicitud de asilo político presentada por el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), Saúl Méndez, ya ha sido formalmente remitida a la Cancillería de Bolivia, donde se iniciará el proceso de evaluación conforme a la normativa vigente.
El caso será tramitado por la Comisión Nacional de Refugiados, integrada por delegados de la Cancillería del Estado Plurinacional de Bolivia, así como representantes del Ministerio de Gobierno y el Ministerio de Justicia. Esta comisión cuenta con un plazo de 90 días para realizar una evaluación exhaustiva del caso y determinar si se otorgará o no la condición de refugiado a Méndez.
Según un comunicado de la Cancillería panameña, el encargado de Negocios de la embajada boliviana en Panamá, Carlos Javier Suárez Cornejo, informó que el dirigente sindical ingresó a la sede diplomática tras saltar la cerca, tocar la puerta y presentar una nota solicitando asilo político. Desde entonces, el dirigente se encuentra bajo protección temporal dentro de la embajada.
Este proceso se desarrollará bajo el marco de la Ley 251, la cual establece los parámetros legales para el reconocimiento de la condición de refugiado en Bolivia.
La solicitud de asilo se da en un contexto judicial complejo. Precisamente hoy, el Ministerio Público de Panamá, a través de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, confirmó la emisión de órdenes de aprehensión contra ciudadanos panameños, en el marco de una investigación penal iniciada en 2022.
La causa penal tiene su origen en una querella interpuesta por extrabajadores de un proyecto de construcción en la isla de Bastimentos, Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Suntracs. Según el comunicado, los extrabajadores señalaron como hechos principales los presuntos delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
La Procuraduría General de la Nación aclaró que la emisión de estas órdenes no representa una condena ni prejuzgamiento, sino que es una medida procesal necesaria para garantizar el avance del debido proceso y el esclarecimiento de los hechos denunciados.
Con información de Ariana Antecena para la Alianza Informativa Latinoamericana.