Saúl Méndez y Genaro López, presuntamente vinculados a estafa agravada por compra en isla de Bocas del Toro
Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta de la isla en Bocas del Toro que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del Suntracs.
Panamá/El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, giró una orden de captura contra 11 dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), entre ellos Saúl Méndez, actual líder del gremio, y Genaro López, exsecretario del sindicato, por la presunta comisión del delito de estafa agravada.
En el caso de López, la Policía Nacional, que ya recibió la orden de aprehensión, por parte del Ministerio Público, ya se encuentra tras su búsqueda.
Esta investigación guarda relación con una transacción de compra y venta, en una isla en Bocas del Toro, que supuestamente realizaron los dirigentes a nombre del Suntracs.
Detalles del caso
El Ministerio Público, a través de un comunicado, confirmó que, a través de la Fiscalía Segunda Contra la Delincuencia Organizada, emitió órdenes de aprehensión contra ciudadanos panameños como parte de una investigación penal iniciada en el año 2022.
La causa penal se originó tras una querella presentada por extrabajadores de un proyecto de construcción ubicado en la isla de Bastimentos, en la provincia de Bocas del Toro, quienes estaban afiliados al Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
De acuerdo con el comunicado, los denunciantes señalaron como hechos principales la presunta comisión de los delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsificación de documentos y prevaricato.
Méndez solicita asilo
Hoy, la Cancillería de Panamá informó que Saúl Méndez, secretario general del sindicato, solicitó asilo en la embajada de Bolivia en Panamá y que actualmente se encuentra en dicha sede diplomática. Por ahora, se desconoce el paradero de Genaro López.
De acuerdo con la Cancillería, el encargado de Negocios de la embajada boliviana, Carlos Javier Suárez Cornejo, indicó que “el señor Méndez se saltó la cerca de esa representación diplomática, tocó la puerta y, con una nota en mano, solicitó asilo político”.
Las órdenes de captura se dan en medio de la crisis que enfrenta el sindicato, por distintas investigaciones que involucran al menos a uno de sus miembros y a su cooperativa.
Ayer, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se pronunció para señalar que la cooperativa del Suntracs ha incumplido la ley de manera reiterada a lo largo del tiempo.
Como consecuencia de esta serie de incumplimientos, y tras los resultados de las auditorías realizadas desde 2022 por el Ipacoop a la cooperativa del Suntracs, Orillac anunció que se canceló la personería jurídica de dicha cooperativa y se remitió el expediente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y a las autoridades competentes para los siguientes trámites judiciales.
En una conferencia de prensa, Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo), entidad encargada del cumplimiento de la Ley 23 sobre blanqueo de capitales, anunció que la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. violó la Ley 23 de 2015 sobre prevención del blanqueo de capitales. Por tal motivo, se decidió su cancelación, según consta en la Resolución D.E./A.L./N°079/2025, del 20 de mayo de 2025.
El viernes 16 de mayo, se realizó la audiencia de Jaime Caballero, dirigente del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs) en Chiriquí. La jueza de garantías, Meylin Jaén, le imputó cargos por presuntos delitos de blanqueo de capitales y delitos financieros a Caballero. Además, como medida cautelar, le impuso la detención provisional, por considerar que puede haber riesgo de destrucción de pruebas y no comparecencia en el proceso.
La jueza consideró que el Ministerio Público (MP) presentó los elementos de convicción para que se inicie una investigación en dos tipos penales de delito: de orden económico en la modalidad de delito financiero y blanqueo de capitales en calidad de autor, por lo que tendrá seis meses para culminar la investigación y se abre la posibilidad de salidas alternas, indicó la jueza.
