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Ciudad de Panamá/El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se pronunció este martes 20 de mayo para señalar a la cooperativa del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares (Suntracs) de incumplir la ley de manera reiterada a lo largo del tiempo.
Resaltó que Suntracs es un organismo que en primera instancia se creó para proteger los derechos de los trabajadores, pero hoy día es un instrumento que opera detrás de personerías jurídicas, dijo Orillac.
“La dirigencia del Suntracs ha usado su estructura jurídica para favorecerse a costa de los trabajadores de la construcción: unos trabajan, otros se aprovechan del sudor de la mayoría de los obreros honestos”, expresó Orillac.
Como consecuencia de esta serie de incumplimientos tras el resultado de las auditorías realizadas desde 2022 por el Ipacoop a la cooperativa del Suntracs, Orillac anunció que se canceló la personería jurídica de dicha cooperativa y se remitió el expediente a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y las autoridades competentes para los siguientes trámites judiciales.
En una conferencia de prensa, Erika Vargas, directora ejecutiva del Ipacoop (Instituto Panameño Autónomo Cooperativo), entidad encargada del cumplimiento de la Ley 23 de blanqueo de capitales, que fiscaliza a las cooperativas que se dedican a la actividad de ahorro y crédito, anunció que la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L. violó la Ley 23 de 2015 de blanqueo de capitales, decisión por la cual se decidió cancelar dicha cooperativa, según consta en la Resolución D.E./A.L./N°079/2025 del 20 de mayo de 2025.
Esta institución ha tomado la decisión de cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L", declaró Vargas.
De acuerdo con un comunicado de Ipacoop, la auditoría que se inició en 2022 resultó en 14 hallazgos en la parte financiera y otros 10 más en los controles o medidas de prevención de blanqueo de capitales que nunca fueron atendidos por su administración.
La auditoría reveló, además, que desde 2012, la cooperativa ha recibido del Suntracs unos 8 millones de dólares, y el 79% de sus créditos los ha otorgado a terceras personas y no a sus propios asociados, como establecen los valores y principios cooperativos.
Se detalló, dentro de la auditoría, que el aporte de los 8 millones de dólares del sindicato Suntracs a la cooperativa se dio mediante dos líneas de crédito.
"Esto significa que esta cooperativa está siendo utilizada como una intermediaria de fondos del sindicato, que son canalizados a terceros y a empresas vinculadas sin la aplicación de la debida diligencia que exige la Ley 23 y sin hacer un análisis riguroso sobre la capacidad de pago de las empresas y terceros, beneficiando a dichas empresas y terceros en detrimento de sus propios asociados", sustentó Ipacoop.
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Los resultados de la auditoría también reflejaron "transacciones inusuales", como la de un asociado y directivo de esta cooperativa que recibió un crédito para la compra de un vehículo por la suma de 52 mil dólares en un plazo de 8 años.
Sin embargo, este directivo de la cooperativa, que cuenta con un salario de 2,800 dólares mensuales, canceló el saldo de este préstamo en un término de 2 años, realizando adelantos de pagos entre 5 mil a 10 mil dólares, "lo cual evidencia que se excede del perfil financiero declarado", aclara el informe de Ipacoop.
"Este caso implica que tampoco el oficial de cumplimiento de la cooperativa Suntracs realizó los reportes correspondientes ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF) ni reportó los pagos arriba de los 10 mil dólares en efectivo", agregan.
De acuerdo con el Ipacoop, lo correcto era que el oficial de cumplimiento creara la alerta a la UAF; pero no cumplió con los procesos de controles que exige la Ley 23, para el pago de dicha deuda.