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Comunidad La Paz en Chilibre deberá avalar construcción de un nuevo acceso para solucionar el conflicto
El problema, según autoridades locales, es estructural. Comunidades como La Paz surgieron durante años de ocupación informal de terrenos, donde el ordenamiento legal nunca llegó de manera efectiva. El propio representante del corregimiento de Chilibre confirmó que solo una de cada diez familias en la zona cuenta con título de propiedad, lo que agrava los conflictos por la tenencia de la tierra.
La guerra por una calle en la comunidad de La Paz ¿Qué dicen las autoridades?
/ TVN Noticias
Ciudad de Panamá/Más de 200 residentes de la comunidad de La Paz, en el corregimiento de Chilibre, continúan prácticamente aislados luego del cierre del único acceso terrestre y la destrucción de un puente, situación que ha generado tensión y episodios de violencia entre moradores.
Se trata de un conflicto complejo relacionado con el uso histórico de un terreno privado, por donde durante más de 80 años la comunidad ha transitado de manera informal.
La violencia escaló el fin de semana luego que uno de los propietarios del terreno, que cuenta con título de propiedad, decidiera cerrar el paso, dejando a decenas de familias sin una vía formal de entrada y salida.
El representante de Chilibre, Josimar Camaño, explicó que desde el inicio de su administración ha habido acercamientos tanto con la comunidad como con la familia propietaria del terreno y con diversas instituciones del Estado, al tratarse de un problema que va más allá de la competencia de la junta comunal o el juez de paz.
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“Este no es un tema nuevo, viene de administraciones pasadas”, señaló el representante, al explicar que el crecimiento desordenado del corregimiento ha provocado conflictos similares en otros sectores de Chilibre.
Ante la situación, la Junta Comunal ha propuesto habilitar un nuevo acceso, en un punto cercano al terreno, en un espacio asignado por el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La propuesta incluye la tala controlada de árboles, la apertura de una trocha y la construcción de un nuevo puente, con apoyo de la empresa privada y del Municipio de Panamá, que aportaría el concreto para la vía.
Según el representante, la Junta Comunal está preparada para ejecutar los trabajos, sin embargo, parte de la comunidad no está de acuerdo con la alternativa, al considerar que el camino histórico debe mantenerse abierto.
Camaño reiteró que, aunque comprende la molestia de los residentes, las autoridades deben ser respetuosas del derecho a la propiedad privada, y advirtió que el conflicto podría escalar si no se logra una solución consensuada.
“La comunidad tiene más de 80 años de estar pasando por ese lugar, pero hoy aparecen los dueños con título de propiedad”, explicó.
El representante también advirtió que el problema de La Paz no es un caso aislado. Detalló que Chilibre tiene más de 50 mil habitantes y al menos 62 comunidades, muchas de ellas con asentamientos informales y sin títulos de propiedad. Estimó que entre 80% y 90% de los residentes del corregimiento no cuentan con titulación.
En ese sentido, hizo un llamado a acelerar un plan de ordenamiento territorial, al advertir que el corregimiento podría repetir el crecimiento desordenado que vivió San Miguelito.
“No podemos permitir que Chilibre siga creciendo de manera desordenada”, afirmó.
Cabe resaltar que este sector forma parte de un programa de titulación de tierras que la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y la Anati mantienen, aunque el proceso avanza lentamente, la reciente apertura de una oficina técnica de la ACP en Chilibre busca brindar acompañamiento a los residentes.
Camaño reiteró que la propuesta de habilitar un nuevo acceso sigue vigente y que será la comunidad la que decida si acepta esa alternativa o lleva el conflicto a la vía judicial.
El representante advirtió que el crecimiento desordenado del corregimiento ha provocado conflictos similares en otros sectores de Chilibre.
“Hoy estamos viendo las consecuencias de cómo se empezó a distribuir terreno por temas políticos”, subrayó al denunciar que la situación también tiene un origen político, por autoridades que en un momento promovieron este tipo de prácticas.
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