Crece la caza ilegal en áreas protegidas, van 27 casos en lo que va del año
La caza de estas especies no solo representa una violación a las leyes ambientales, sino también una amenaza directa a los esfuerzos de conservación que el país ha venido impulsando en los últimos años.
La cacería ilegal sigue siendo uno de los delitos ambientales de mayor incidencia en el país, según reportes recientes de la Policía Ambiental, Rural y Turística. En lo que va del año, las autoridades han registrado 27 casos vinculados a esta actividad ilícita, que han resultado en la aprehensión de 50 personas y la recuperación de 50 armas de fuego utilizadas dentro de áreas protegidas.
Así lo informó el subteniente Edgardo González, quien detalló las estadísticas más recientes y alertó sobre el impacto que esta práctica está teniendo en la fauna silvestre y en la biodiversidad nacional.
“Se han registrado 27 casos, los cuales han arrojado un total de 50 personas aprehendidas o puestas a órdenes de las autoridades competentes. De igual forma, se han recuperado 50 armas de fuego, producto de la actividad de cacería ilegal en áreas protegidas”, explicó González.
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Áreas protegidas en la mira
Los delitos se concentran principalmente en zonas de alto valor ecológico. Según la Policía Ambiental, los puntos con mayor incidencia son el Parque Nacional Soberanía, el Bosque Protector de Reiján y el Parque Nacional Altos de Campana. Estas áreas son claves para la conservación de la biodiversidad, y a menudo sirven como refugio para especies en peligro de extinción.
Un caso reciente, ocurrido en el Bosque Protector de Reiján, en la provincia de Panamá Oeste, ejemplifica la gravedad de la situación. Dos personas fueron capturadas en flagrancia mientras cazaban en el área y se les decomisó un venado de cola blanca, una especie clasificada en peligro crítico de extinción.
Especies más afectadas
Las especies más frecuentemente afectadas por la caza ilegal incluyen:
- Venado cola blanca
- Conejo pintado
- Saino de collar
La caza de estas especies no solo representa una violación a las leyes ambientales, sino también una amenaza directa a los esfuerzos de conservación que el país ha venido impulsando en los últimos años.
Las autoridades hacen un llamado urgente a la población para no normalizar estas actividades delictivas y colaborar con las instituciones de seguridad y protección ambiental.
Con información de Yamy Rivas