Debate por la creación del Instituto Nacional de la Mujer: entre estructura, presupuesto y efectividad

La iniciativa busca reorganizar la estructura institucional mediante la derogación de la Ley 375 de diciembre de 2023, con el objetivo de colocar al nuevo instituto bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

Ciudad de Panamá, Panamá/El reciente proyecto de ley aprobado por el Consejo de Gabinete que propone la creación del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) —en sustitución del actual Ministerio de la Mujer— ha generado un amplio debate en distintos sectores del país. La iniciativa busca reorganizar la estructura institucional mediante la derogación de la Ley 375 de diciembre de 2023, con el objetivo de colocar al nuevo instituto bajo el paraguas del Ministerio de Desarrollo Social (Mides).

El presidente de la República, José Raúl Mulino, ha manifestado que el cambio no debe centrarse únicamente en la denominación o jerarquía de la entidad, sino en los recursos y herramientas que se le asignen para garantizar la protección de los derechos de las mujeres.

La diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional, confirmó que hasta el pasado viernes 24 de octubre al mediodía el proyecto de ley, que proviene del Órgano Ejecutivo, aún no había sido recibido por dicha comisión. Señaló que la Comisión de Asuntos Plenarios será la encargada de determinar si se remite a dicha comisión u otra.

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Para el miércoles 29, se tiene previsto desarrollarse la última sesión ordinaria de la Comisión, por lo que la diputada manifestó que se espera conocer si la propuesta llegará en los próximos días. Se pudo conocer que el tema presupuestario será uno de los puntos más sensibles en la discusión.

Explicó que el Ministerio de la Mujer contaba con un presupuesto de 11 millones de dólares, de los cuales nueve se destinaban a funcionamiento y tres a inversión. Ahora, se habla de un recorte a 7 millones, solo para funcionamiento. Brenes subrayó que la falta de recursos de inversión podría afectar el mantenimiento de albergues y centros de atención integral para mujeres víctimas de violencia.

La diputada también destacó que la discusión debe centrarse en la efectividad real de las políticas públicas y no únicamente en la estructura administrativa. El proyecto del Inamu establece como objetivos principales reducir las causas estructurales de desigualdad entre hombres y mujeres, garantizar el respeto a los derechos humanos, incrementar el acceso equitativo a los recursos para el desarrollo y asegurar una vida libre de violencia.

Violencia de género y limitaciones estructurales

Según datos manejados por la comisión, hasta septiembre de este año se habían registrado 11,800 casos de violencia doméstica en el país y 17 femicidios. Pese a la gravedad de las cifras, solo tres albergues atienden a mujeres víctimas de violencia en todo el territorio nacional, con menos de 60 mujeres acogidas actualmente.

Expresó que esto representa una fracción mínima de la realidad que vivimos, en donde si hay 11.800 casos y menos de 60 mujeres en albergues, se evidencia que el sistema de protección necesita una revisión profunda. Brenes destacó la necesidad de fortalecer el recurso humano, especialmente en el ámbito psicológico y de acompañamiento.

Brenes reconoció que el país sigue siendo reactivo ante los casos de violencia y urgió a planificar políticas de prevención sostenidas. Sobre el trabajo legislativo, la diputada admitió que persisten pendientes importantes como las leyes anticorrupción, la carrera administrativa y la modernización del reglamento interno de la Asamblea.

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