Defensa del exvicepresidente Carrizo advierte inconsistencias y posible obstrucción en diligencias judiciales
Orobio también denunció que durante el proceso enfrentaron limitaciones para acceder al expediente, lo que dificultó el ejercicio de la defensa. A pesar de ello, aseguró que lograron presentar descargos que llevaron a la Contraloría a corregir parcialmente su informe, aunque no en su totalidad.
Ciudad de Panamá/Este lunes 13 de abril continuaron las reacciones por la situación que se generó el pasado jueves 9 de abril por la supuesta irrupción de funcionarios de la Contraloría General de la República mientras que auditores de la institución rendían entrevista con los fiscales que llevan la investigación por enriquecimiento ilícito contra el exvicepresidente José Gabriel Carrizo.
Mientras el Ministerio Público avanza en una investigación por los hechos ocurridos en las instalaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la Contraloría negó categóricamente que sus funcionarios o el contralor Anel Flores hayan irrumpido en diligencias del Ministerio Público o interferido en investigaciones en curso.
Al respecto, el abogado Víctor Orobio, miembro del equipo legal del exvicepresidente Carrizo, cuestionó el desarrollo de las investigaciones en contra de su representado. Señaló posibles irregularidades en el proceso, así como actuaciones que, a su juicio, podrían comprometer la legalidad de las diligencias. Calificó los hechos como una obstrucción a la justicia y un posible acto delictivo.
Según explicó, la defensa manifestó preocupación interna tras las acciones recientes de la Contraloría General de la República, las cuales —aseguró— eran previsibles dentro del curso del caso.
Orobio sostuvo que el proceso se originó a partir de una información difundida en medios sobre una presunta malversación de fondos, relacionada con el uso de bonos del programa solidario.
El abogado indicó que, tras iniciarse una auditoría por este presunto delito, se determinó que no hubo afectación económica al Estado, lo que descartaba la figura de peculado. Sin embargo, señaló que posteriormente se abrió una investigación por enriquecimiento injustificado, lo que derivó en el secuestro de bienes del exvicepresidente.
A juicio de la defensa, hubo un manejo inadecuado del procedimiento, al remitir el caso a la Jurisdicción de Cuentas, cuando —según explicó— esta instancia solo es competente en casos donde existe lesión patrimonial al Estado.
"Ahí empezó el contralor a tambalear. Ahí empezó a mostrar acciones y conductas que iban señalando el paso a seguir en este proceso", indicó.
Orobio también denunció que durante el proceso enfrentaron limitaciones para acceder al expediente, lo que dificultó el ejercicio de la defensa. A pesar de ello, aseguró que lograron presentar descargos que llevaron a la Contraloría a corregir parcialmente su informe, aunque no en su totalidad.
El abogado explicó que dicho informe fue posteriormente utilizado por el Ministerio Público para sustentar decisiones rápidas dentro del proceso penal, incluyendo la aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares contra su representado en un corto periodo de tiempo.
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Según detalló, la diligencia en la que presuntamente irrumpió el contralor Flores formaba parte de una fase en la que la Fiscalía buscaba verificar inconsistencias en el informe, lo que podría incidir directamente en la validez de las actuaciones previas.
"La diligencia consistía en unas ampliaciones que la Fiscalía le estaba requiriendo a las auditoras, que fueron las que elaboraron el informe. ¿Por qué? Porque la Fiscalía ahora está iniciando su labor natural de investigar, de esclarecer", explicó.
Orobio continuó detallando que "lo más seguro es que la Fiscalía, que tiene varios auxiliares que la apoyan en sus investigaciones, es probable que estos auxiliares técnicos, contables, científicos, ya le indicaron a la Fiscalía que el informe está mal hecho. Ya le indicaron que existe inconsistencia en el informe. Y la Fiscalía, con ese informe, fue que logró la detención de nuestro representado".
El abogado consideró que la presunta presencia del contralor en medio de estas diligencias pudo generar un ambiente de intimidación e incluso interrumpir el curso normal de la investigación, lo que calificó como una posible obstrucción a la labor del Ministerio Público.
"Allí se dio un acto que tiene apariencia delictiva, porque el contralor, sin ser citado, físicamente comparece a la Fiscalía, a un despacho judicial. El contralor carga con el peso de su poder por ser contralor general de la República y de alguna forma, eso genera un nivel de intimidación que es uno de los verbos rectores que establece la norma que sanciona los delitos contra los servidores públicos. Esa situación lo que hizo fue que se impidiera la conclusión o la finalización de la diligencia", subrayó el jurista.
Asimismo, indicó que la denuncia fue presentada ante el despacho del Procurador General de la Nación, quien deberá determinar si existen méritos para iniciar una investigación formal contra el contralor.
Orobio subrayó que este escenario representa un momento clave para demostrar la independencia del sistema judicial, al tratarse de un caso que involucra a altas autoridades del Estado.
Mientras tanto, la defensa adelantó que solicitará acceso completo al expediente, insistiendo en que se trata de un proceso delicado y de alto interés público, cuyo desarrollo deberá apegarse estrictamente a la ley.
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