Ministerios Públicos de la región rechazan posibles afectaciones al sistema judicial por irrupción de la Contraloría

La AIAMP advirtió sobre la importancia de preservar estos principios para mantener la confianza ciudadana en las instituciones judiciales.

Ministerio Público / TVN Noticias

Panamá/La Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos expresó su rechazo ante situaciones que, a su juicio, afectan el funcionamiento del sistema de justicia y sus principios fundamentales.

En un pronunciamiento, la organización destacó que el respeto al debido proceso y la independencia judicial son pilares esenciales del Estado de derecho. “Constituye una garantía para la igualdad de los ciudadanos ante la ley, la independencia de los tribunales y la credibilidad del sistema de justicia”, señala el documento.

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La AIAMP advirtió sobre la importancia de preservar estos principios para mantener la confianza ciudadana en las instituciones judiciales, en un contexto donde las decisiones y actuaciones de las autoridades tienen un impacto directo en la percepción pública.

Comunicado del organismo.
Comunicado del organismo. / TVN

Asimismo, el organismo dejó clara su postura frente a los hechos que motivaron el pronunciamiento. “Por lo anterior, la AIAMP rechaza”, indica el texto, en referencia a acciones que podrían comprometer la transparencia y el adecuado desarrollo de los procesos judiciales.

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El pronunciamiento se suma a otras voces que han llamado a fortalecer las garantías institucionales y el respeto a la legalidad como base del sistema democrático.

Hoy, la Contraloría General de la República emitió un comunicado para aclarar a la ciudadanía los hechos en torno al pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación.

Está vinculado al hecho ocurrido el jueves 9 de abril, cuando se reportó la presunta irrupción de funcionarios de la Contraloría, junto al contralor Anel Flores, en la Fiscalía Superior Anticorrupción.

En ese momento, fiscales realizaban una entrevista a auditores de la Contraloría como parte de la investigación por el delito de enriquecimiento injustificado en el proceso seguido al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

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