Defensoría aboga por plan de prevención y protección a víctimas de delitos sexuales

La Defensoría del Pueblo, consideró que es imperativo que, desde el Estado, se genere un plan de prevención que implique acciones de educación, en especial educación sexual, así como acciones efectivas de protección de las personas que presentan mayor riesgo de sufrir estos ataques.

En un comunicado la Defensoría del Pueblo reafirmó que cree en la necesidad de fortalecer las instituciones de justicia, que garanticen investigaciones penales efectivas contra los casos de abuso sexual a menores, que exista certeza de la sanción y que contemos con un sistema penitenciario capaz de rehabilitar y resocializar, tal cual lo mandatan la Ley y la Constitución Política, a los que cometen ese tipo de delitos.

"Es indispensable que como Estado prestemos especial atención a las víctimas de éstos delitos, su recuperación depende de estrategias y acciones que les permitan acompañamiento, apoyo institucional, terapéutico y sobre todo protección", cita la comunicación oficial.

Frente a la iniciativa propuesta en la Asamblea Nacional, dirigida al establecimiento de la castración química y otras acciones vinculadas, la entidad dijo compartir las preocupaciones e interés de sus proponentes, y en este sentido, defendió un enfoque integral, que nos permita como Estado generar respuestas que aborden el problema y que realmente incidan en la reducción y erradicación de estos graves flagelos.

Sin embargo, la Defensoría del Pueblo expresó que una estrategia basada en la reducción de la libido sexual de ofensores y la inscripción de estas personas en un registro, se basa sólo en parte del problema y no toma en consideración otros elementos de estos actos, como: la utilización del poder contra una persona vulnerable, las acciones dirigidas a humillar o degradar a otra persona, la participación u omisión de otras personas vinculadas, entre diversos factores y esta medida no evitaría que se repitan las condiciones que propiciaron el acto.

Por otro lado, desde la perspectiva de la Institución Nacional de Derechos Humanos, no podemos desconocer que el Estado Panameño es signatario de diversos instrumentos internacionales, en los que se prohíbe de forma taxativa la tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanos o degradantes. En este sentido la castración química como sanción, ha sido considerada, por diversos organismos internacionales, como trato o pena cruel; violatoria de la dignidad humana.