¿Descentralización paralela? Pedasí y San Carlos entre los más beneficiados con transferencias de fondos exprés

Las recientes transferencias por más de 4 millones de dólares a distintos municipios del país, realizadas a través de créditos extraordinarios, han encendido las alarmas en la Asamblea Nacional. La diputada del movimiento Vamos, Janine Prado, cuestionó públicamente la discrecionalidad, falta de transparencia y el destino final de estos recursos, al tiempo que exigió explicaciones formales al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La polémica surgió tras una denuncia pública del exdiputado y líder de Vamos, Juan Diego Vázquez, quien alertó sobre transferencias extraordinarias otorgadas a ciertos municipios sin que se hubiese informado previamente a la ciudadanía ni a los órganos de fiscalización.

Prado explicó que la distribución de los fondos a los gobiernos locales es un tema complejo, debido a que en Panamá existen 81 municipios, de los cuales 64 son subsidiados por el Gobierno Central. No obstante, advirtió que lo que hoy genera preocupación es la aparición de un nuevo renglón de ingresos bajo el nombre directo del MEF dentro de los presupuestos municipales, algo que, según indicó, se comenzó a detectar desde diciembre del año pasado.

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Lo que vemos ahora son transferencias a través de créditos extraordinarios únicamente a ciertos municipios. La gran pregunta es por qué a unos sí y a otros no. Esa discrecionalidad no ha sido explicada”, señaló la diputada.

Donativos millonarios sin detalle de ejecución

Janine Prado detalló que municipios como Pedasí, San Carlos, La Chorrera, Tolé, Olalá, La Pintada y Aguadulce, entre otros, figuran en los acuerdos municipales como receptores de estos fondos extraordinarios. En algunos casos, el monto supera los 700 mil dólares, como ocurre con Pedasí.

Lo que más inquieta, según la legisladora, es que grandes porcentajes de estas transferencias aparecen clasificados bajo la figura de “donativos a personas”, sin especificar criterios, destinatarios ni mecanismos de fiscalización.

“Estamos hablando de cifras repetidas de 150 mil dólares en donativos en varios municipios. Eso es opacidad total. El MEF debería explicar cómo aprueba créditos extraordinarios sin saber exactamente en qué se ejecutarán”, cuestionó Prado.

En el caso específico de San Carlos, señaló que de los 500 mil dólares transferidos, presuntamente el 90 % habría sido destinado a donativos, sin que exista una explicación pública clara sobre los beneficiarios o el impacto comunitario de esos fondos.

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Solicitudes formales al MEF y llamado a la Contraloría

La diputada informó que este mismo día presentaría una nueva nota formal al MEF, solicitando detalles precisos sobre todas las transferencias realizadas durante 2024 y 2025, incluyendo:

• De qué partidas salieron los recursos.
• Qué traslados presupuestarios se realizaron.
• A qué municipios se les asignaron fondos.
• Y con qué objetivos específicos.

Además, exigirá que se aclare si para el Presupuesto General del Estado de 2026 se contempla algún renglón para este tipo de créditos extraordinarios.

Prado también hizo un llamado directo a la Contraloría General de la República, recordando que, aunque la Constitución permite las solicitudes de créditos extraordinarios, estas deben cumplir con requisitos obligatorios, como:

• La publicación de los acuerdos municipales en la Gaceta Oficial.
• La viabilidad de la Contraloría.
• Y la fiscalización posterior de los egresos.

“Si la Contraloría ha dado viabilidad, entonces también debe revisar cómo se están ejecutando esos fondos, porque los municipios manejan cuentas únicas y allí deben reflejarse los movimientos”, enfatizó.

Cuestionamientos al discurso de depuración del Gobierno

Prado también puso en contexto estas transferencias frente al discurso del actual Gobierno del presidente José Raúl Mulino, que ha promovido auditorías al uso de fondos públicos durante la pandemia.

Cuando no hay nada que ocultar, no hay nada que callar. Lo que sí es una realidad es que mover plata sin reglas claras, permite hacer estas cosas a espaldas de la población”, sostuvo.

Añadió que el uso discrecional de recursos sin el debido proceso de consultas ciudadanas, planificación municipal y aprobación de obras abre la puerta a abusos y erosiona la confianza pública.

La diputada instó a la ciudadanía a fiscalizar directamente a sus autoridades locales y a exigir que se rindan cuentas del uso de estos recursos.

“Este es dinero que proviene de los impuestos que pagamos todos los panameños. La propia comunidad es la que debe decir si realmente ha visto reflejados esos 150 mil dólares o esos 700 mil en obras reales”, puntualizó.

Janine Prado adelantó que, además de las solicitudes al MEF, también se gestionarán consultas formales con los alcaldes de los municipios beneficiados, mientras continúa recibiendo información de residentes que buscan aclarar el destino de estos fondos.