Desvío del río San Félix deja a miles sin agua; se abre investigación por posible delito ambiental

Chiriquí/Lo que empezó como una interrupción en el suministro de agua terminó destapando un caso que ahora está bajo la lupa de las autoridades. Más de 10 mil personas en el distrito de San Félix, en el oriente chiricano, quedaron sin agua potable luego de que el cauce del río fuera alterado, afectando directamente la toma de captación de la planta potabilizadora.

La denuncia no tardó en escalar. Autoridades locales apuntan a que trabajadores vinculados a una empresa dedicada a la extracción de material pétreo habrían desviado el río sin los permisos correspondientes, en medio de trabajos que califican como irregulares.

El alcalde de San Félix, Alberto Tikas, relató que la alerta llegó desde el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), cuando detectaron que el agua no estaba llegando a la planta. “Se hizo una inspección al río y encontramos equipos pesados que habían cambiado el cauce mientras realizaban extracción de material de forma irregular”, explicó.

• Puedes leer: Fallece mujer de 61 años víctima de violento ataque ocurrido en enero en Chiriquí

Las imágenes en el sitio , según describen las autoridades, no dejaban mucho margen para la duda: maquinaria en plena faena y un río alterado en su curso natural. Para Tikas, la situación va más allá de una falta administrativa. “Nos preocupa la forma indiscriminada, tan vulgar y despiadada, en que se cambió el cauce del río San Félix, afectando incluso el suministro que llega al hospital del oriente chiricano”, afirmó.

Tras la denuncia, funcionarios del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Comercio e Industrias y unidades de la Policía Nacional acudieron al área. Se levantaron informes y ahora se espera el inicio formal de un proceso administrativo que permita establecer responsabilidades.

Desde el Ministerio de Ambiente, su director regional, Ernesto Ponce, confirmó que ya se encuentran en fase de verificación. Según explicó, existe un antecedente de estudio de impacto ambiental aprobado en 2011, pero su vigencia y posibles modificaciones están siendo revisadas. “No podemos adelantarnos hasta tener toda la información clara. Si hay una concesión, debe contar con un estudio de impacto ambiental vigente”, indicó.

Sin embargo, desde el gobierno local aseguran que no hay registros recientes que respalden la actividad. Tikas sostuvo que, según el Ministerio de Comercio e Industrias, no existe solicitud alguna aprobada para este tipo de trabajos en la zona, mientras que actas levantadas por Mi Ambiente indicarían la ausencia de permisos válidos.

La preocupación también se extiende a nivel comunitario. Itzel Rodríguez, representante local, cuestionó no solo la legalidad de la actividad, sino sus consecuencias. “Queremos que se investigue no solo el posible delito ambiental, sino el impacto que tuvo en la paralización de la planta y en la vida de la población”, señaló. Añadió que durante al menos una semana la comunidad enfrentó problemas con el suministro de agua.

En tanto, el Consejo Municipal ya fijó postura. A través de una resolución aprobada por los cinco concejales del distrito, expresaron su rechazo a la extracción de material en la cuenca del río San Félix, una zona que consideran vital para garantizar el acceso al agua.

Mientras avanza la investigación, la pregunta sigue en el aire: quién autorizó, si es que alguien lo hizo, intervenir un recurso hídrico del que dependen miles de personas. Y, sobre todo, por qué se permitió que ocurriera sin que ninguna autoridad actuara a tiempo.

• Te puede interesar: Medicina especializada avanza en Chiriquí con innovadora técnica coronaria