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Director de la Caja de Seguro Social presenta denuncia ante la Fiscalía tras detectar fraude millonario en el sistema de pensiones
Como medida preventiva, la CSS procederá a suspender el pago de las 52 pensiones identificadas como irregulares.
Caja de Seguro Social presenta denuncia por fraude millonario en otorgamiento de 52 pensiones
Ciudad de Panamá/Este lunes 12 de enero, la Caja del Seguro Social (CSS) presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por un presunto fraude millonario en el otorgamiento de pensiones, tras detectar irregularidades en al menos 52 casos, que representarían una afectación económica estimada en unos 10 millones de dólares.
El director general de la CSS, Dino Mon, informó que la denuncia fue interpuesta luego de varias auditorías internas y revisiones realizadas con apoyo de la Contraloría General de la República.
“No toleraremos mafias ni redes de corrupción que atentan contra los fondos de los asegurados. Cada balboa que se desvía ilegalmente es un golpe directo a la sostenibilidad del sistema y a la confianza de los panameños”, afirmó el titular de la CSS.
Los presuntos delitos son contra el orden económico, la seguridad informática, así como peculado, corrupción de servidores públicos y falsificación de documentos, entre otras calificaciones que puedan surgir del proceso investigativo.
Mon explicó que durante el proceso de verificación se detectaron alteraciones en los registros de cuotas obrero-patronales dentro del sistema de pago de pensiones, las cuales no corresponden a simples errores administrativos, sino que evidencian un patrón sistemático de fraude dentro de la institución.
"Hemos hecho auditorías, la parte administrativa y la Contraloría General de la República en todo este esquema de pago de pensiones y nos encontramos evidencia de una manera consistente de un proceso no regular que de alguna manera, de alguna forma, se veía una alteración de los registros de cuotas en todo lo que era el sistema de pago de pensiones de la Caja del Seguro Social", explicó.
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Según detalló, los 52 casos identificados representan una expectativa de cobro indebido cercana a 10 millones de dólares, de los cuales entre 3 y 4 millones ya han sido devengados de manera indebida, afectando directamente la sostenibilidad del sistema de pensiones y los recursos de los asegurados.
El director indicó que estas irregularidades se venían analizando desde administraciones anteriores, aunque sin resultados concluyentes. Añadió que la actual administración reforzó los controles internos y los sistemas de verificación, lo que permitió identificar los patrones irregulares.
"Todo lo que tiene que ver con flujo de entrada de dinero y flujo de salidas de dinero en la institución, se están buscando procesos que nos permitan validar que todas las transacciones son correctas. Y ahí fue donde fueron saltando todos estos casos", detalló.
Entre las anomalías detectadas figuran el uso de cuotas de personas fallecidas, registros de personas ya pensionadas que continuaban laborando y alteraciones de datos para simular el cumplimiento de cuotas mínimas o incrementar el monto de las pensiones otorgadas.
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Mon precisó que, por el momento, no se han producido destituciones, ya que corresponderá al Ministerio Público determinar las responsabilidades penales, tanto internas como externas, a partir de las pruebas presentadas. No obstante, como medida preventiva, la CSS procederá a suspender el pago de las 52 pensiones identificadas como irregulares.
Presuntamente, estas maniobras se habrían realizado "en colusión con funcionarios de la institución y terceros, mediante la creación de supuestas relaciones laborales inexistentes, incluso utilizando datos de personas fallecidas, con el objetivo de generar derechos pensionarios ilegítimos".
“Estos 52 casos son solo el inicio. Irá creciendo en la medida en que nosotros también tengamos los sistemas para poder seguir haciendo todo lo que hemos hecho hasta el momento", precisó.
La CSS indicó que solicitó formalmente al Ministerio Público la realización de peritajes informáticos forenses, la investigación de funcionarios actuales o pasados y de terceros beneficiados, así como la adopción de medidas urgentes para resguardar la evidencia digital y documental.
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