MEF iniciará la disolución de más de 290 mil personas jurídicas suspendidas

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció el inicio del proceso de disolución de personas jurídicas suspendidas, como parte de las acciones para fortalecer la integridad del sistema jurídico y financiero del país y cumplir con la ley y los compromisos internacionales asumidos por Panamá.

La viceministra de Economía, Eida Gabriela Sáiz, indicó que el objetivo de este proceso es depurar el Registro Público, mejorar la información corporativa y evitar el uso indebido de estructuras jurídicas. La lista publicada de sociedades a disolver representa el 62% del total, y estará disponible para consulta en el sitio web del Registro Público (https://registro-publico.gob.pa/descargarfoliossuspendidos/), garantizando publicidad y acceso oportuno a la información.

El proceso iniciará el 27 de febrero de 2026. Quienes no se encuentren en la lista deben revisar las resoluciones emitidas por la Dirección General de Ingresos (DGI) en abril y mayo de 2016 o consultar el estatus de su sociedad en el Registro Público. Las personas jurídicas suspendidas por cualquier causal quedarán automáticamente candidatas a la disolución.

El procedimiento se ejecutará en dos etapas:

• La Etapa 1 abarca personas jurídicas con marginal de disolución por falta de pago de la tasa única por más de 20 años, antes y después de 2016, conforme al artículo 318-A del Código Fiscal.
• La Etapa 2 comprende sociedades con estatus suspendido según las modificaciones de la Ley 52 de 2016 y la Ley 254 de 2021.

Durante la primera fase se aplicarán resoluciones administrativas de 2016 que colocaron marginales de disolución a 290,534 personas jurídicas, comenzando con un primer bloque de 180,883 sociedades. El proceso continuará de forma escalonada, controlada y continua.

Para garantizar una ejecución coordinada, el MEF estableció la Mesa de Trabajo Interinstitucional para la Depuración de Personas Jurídicas, integrada por el MEF, el Registro Público y la Superintendencia de Sujetos No Financieros. Según la viceministra Sáiz, esta articulación ha permitido homologar y validar las bases de datos, asegurando información confiable para el desarrollo del proceso.

Adicionalmente, el Gobierno trabaja en la actualización del marco normativo, incluyendo una modificación puntual a la Ley 32 de 1927, que prohíbe expresamente la emisión de acciones al portador, consolidando una práctica que ya no se utiliza en el país y fortaleciendo la transparencia y el acceso a la información de los beneficiarios finales, conforme a la Recomendación 24 del GAFI.

Estas acciones están alineadas con los estándares del Foro Global de la OCDE, y la DGI estudia ajustes a las leyes 51 y 52 de 2016 como parte de la hoja de ruta para la salida de Panamá de listados internacionales relacionados con transparencia y estándares fiscales.

La viceministra Sáiz reiteró el compromiso del Estado con la transparencia, el cumplimiento de la ley y la cooperación nacional e internacional, asegurando que la ciudadanía será informada oportunamente sobre los avances de este proceso.

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Con datos de María De Gracia